Las muertes en las cárceles de Ecuador aumentaron en 2025

El número de personas fallecidas en las cárceles ecuatorianas volvió a incrementarse durante el 2025, en medio de la persistente crisis de violencia que afecta al sistema penitenciario y pese a la vigencia de estados de excepción y operativos militares en los centros de privación de libertad. Según un reportaje de Reuters, las muertes registradas este año superan las del mismo periodo anterior, lo que evidencia que las medidas de control no han logrado contener de forma sostenida la letalidad intramuros.

De acuerdo con Reuters, más de 1.200 personas privadas de libertad han muerto en las cárceles de Ecuador desde 2021, cuando se agudizó la disputa entre organizaciones criminales por el control de los pabellones y de economías ilícitas vinculadas al narcotráfico. La agencia señala que, aunque los picos de masacres carcelarias disminuyeron frente a los años más críticos, los fallecimientos continúan produciéndose de manera recurrente, ya sea por enfrentamientos entre internos, presuntos ajustes de cuentas o hechos violentos aún bajo investigación.

El sistema penitenciario ecuatoriano ha estado bajo control de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en distintos periodos desde 2023, en el marco de declaratorias de conflicto armado interno y estados de excepción decretados por el Ejecutivo. Estas medidas incluyeron requisas masivas, traslados de reclusos considerados de alta peligrosidad y el reforzamiento de la vigilancia en los perímetros de las cárceles. Sin embargo, la violencia no ha sido erradicada y que los fallecimientos continúan acumulándose.

Las autoridades han sostenido que los operativos han permitido decomisar armas de fuego, municiones, explosivos y otros objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios. No obstante, organizaciones de derechos humanos han advertido que el problema estructural del sistema carcelario, marcado por el hacinamiento, la falta de personal suficiente y la débil clasificación de internos, persiste y limita la efectividad de las intervenciones de seguridad.

El incremento reciente de muertes ocurre en un contexto de reconfiguración de las bandas criminales, algunas de las cuales han sufrido capturas o bajas de sus cabecillas, lo que puede generar nuevas disputas internas. La fragmentación de estos grupos puede derivar en episodios de violencia focalizada, incluso cuando el Estado mantiene presencia militar en los recintos.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) ha informado en distintos comunicados que investiga cada fallecimiento y que coordina con la Fiscalía General del Estado para determinar responsabilidades penales cuando corresponda. Sin embargo, la recurrencia de muertes mantiene bajo escrutinio la capacidad institucional para garantizar la integridad física de las personas bajo custodia estatal.

Desde 2021, Ecuador ha registrado algunas de las peores masacres carcelarias de América Latina, con episodios que dejaron decenas de muertos en un solo día. Aunque en 2024 se observó una reducción relativa en la magnitud de estos eventos masivos, el número acumulado de víctimas sigue siendo elevado y que el fenómeno no ha desaparecido. En 2025, los decesos reportados reflejan que la violencia continúa siendo un factor crítico en el sistema penitenciario, según la agencia.

En ese contexto, el gobierno ha planteado reformas legales y administrativas para fortalecer el control estatal, así como la construcción de nuevas infraestructuras penitenciarias, como la Cárcel Encuentro. No obstante, estas iniciativas aún se encuentran en proceso o no han mostrado resultados concluyentes en la reducción de muertes.

El incremento de fallecimientos también reaviva el debate sobre la política de mano dura y su impacto en los derechos humanos. Mientras el Ejecutivo defiende la intervención militar como necesaria frente a organizaciones consideradas terroristas, organizaciones civiles sostienen que el enfoque debe complementarse con políticas de rehabilitación, clasificación adecuada de internos y mejoras en las condiciones de detención.

El balance que recoge Reuters evidencia que, pese a los esfuerzos oficiales y a una aparente disminución de grandes masacres, las cárceles ecuatorianas siguen siendo espacios de alta letalidad.