La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cuatro indígenas nicaragüenses detenidos en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, en las afueras de Managua, tras considerar que enfrentan un riesgo grave y urgente para su vida, integridad personal y salud.
Los beneficiarios —Rodrigo Bruno Arcángel, Olvier Bruno Palacios, Evertz Antonio Bruno Palacios y Tony Alberto Bruno Smith— pertenecen a comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua y, según la resolución, se encuentran en una situación que podría derivar en daños irreparables.
Las medidas cautelares fueron solicitadas por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua y la Fundación del Río, que alegaron que los cuatro indígenas, identificados como guardabosques, están expuestos a amenazas de muerte, agresiones, vigilancia constante, restricciones para comunicarse en su idioma y condiciones inadecuadas de detención.
Las organizaciones advirtieron sobre el impacto negativo en su salud física y mental y la falta de atención médica adecuada. La dictadura nicaragüense no proporcionó información a la CIDH sobre el caso.
Estos mismos guardabosques recibieron respaldo internacional, como el de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en noviembre condenó su encarcelamiento y denunció que fueron privados de libertad por informar sobre la venta y arriendo ilegal de tierras y la corrupción de las autoridades en territorios indígenas.
En enero de 2023, la Fiscalía nicaragüense acusó a 24 personas, incluidos los beneficiarios, de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores, imputándoles delitos como crimen organizado, usurpación y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
Según la Fundación del Río, los guardabosques monitoreaban y denunciaban la invasión de “colonos”, la venta ilegal de tierras y las amenazas que enfrentan los territorios indígenas por concesiones mineras y corrupción.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) advirtió que los pueblos indígenas de Nicaragua corren el riesgo de exterminio debido a la constante invasión de sus tierras. Según datos oficiales, los pueblos indígenas y afrodescendientes viven en 304 comunidades distribuidas en 23 territorios, principalmente en las regiones más pobres y apartadas del país.
Por otra parte, el CIDH exigió también el martes al régimen nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos y a liberar sin demora a todas las personas detenidas por motivos políticos.
En el comunicado, la institución instó a la comunidad internacional a exigir el cese de la represión y a tomar medidas concretas para restablecer la democracia y el Estado de derecho en el país centroamericano.
El organismo, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), condenó “la persistente represión en Nicaragua, caracterizada por la continuación de detenciones arbitrarias y la privación de libertad por motivos políticos contra cualquier postura percibida como oposición al régimen”. La CIDH advirtió que la situación de derechos humanos en Nicaragua “constituye uno de los casos más graves observados en la región”.
La declaración señala que en Nicaragua “se ha consolidado un régimen autoritario basado en el control, vigilancia y represión contra cualquier persona percibida como opositora, incluso aquellas vinculadas al propio régimen, extendiéndose más allá de las fronteras nacionales”.
El organismo informó que, según datos obtenidos a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), en las últimas semanas se reportó la detención de más de 60 personas por expresar opiniones en redes sociales sobre los recientes acontecimientos en Venezuela.
(Con información de EFE)
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