Diana Salazar dijo que “la verdad” la respaldó tras retiro de demanda en Estados Unidos

La ex fiscal general del Estado y ahora embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, afirmó que “siempre ha tenido la verdad de su lado” luego de que se conociera el retiro de una demanda presentada en su contra en Estados Unidos, un hecho que ella misma confirmó mediante un pronunciamiento público difundido el 20 de enero de 2025 desde Buenos Aires. En su comunicado, Salazar sostuvo que la acción legal fue impulsada por una persona prófuga de la justicia ecuatoriana y que, durante años, tanto ella como su familia han sido objeto de amenazas e intimidaciones.

En el documento, fechado en la capital argentina, Salazar indicó que optó por mantener silencio mientras el proceso judicial seguía su curso, en respeto a los procedimientos legales. Sin embargo, tras el retiro de la demanda, señaló que considera necesario exponer su versión de los hechos. Según su relato, la acción presentada en su contra derivó en un periodo prolongado de persecución, que incluyó actos intimidatorios atribuidos a personas vinculadas con estructuras delictivas y con recursos suficientes para ejercer presión.

Salazar aseguró que estos episodios se produjeron en un contexto marcado por las investigaciones de alto perfil que lideró durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado, especialmente aquellas relacionadas con redes de corrupción y crimen organizado. En su pronunciamiento, afirmó que su salida del país respondió a razones de seguridad y sostuvo que las amenazas no cesaron tras dejar el cargo. “Nunca me van a dejar en paz por haber destapado el caso más grande de corrupción de la historia del Ecuador”, señaló, sin detallar hechos específicos adicionales.

La exfiscal también hizo referencia al denominado caso Metástasis, una investigación que reveló presuntos vínculos entre operadores judiciales, políticos y estructuras criminales. Según Salazar, el reconocimiento público de los chats vinculados a ese caso por parte de distintos actores políticos refuerza su argumento de que las presiones en su contra no fueron infundadas. En ese contexto, destacó que varias de las personas mencionadas en esos intercambios han sido llevadas a instancias de control ético.

El retiro de la demanda fue comentado públicamente por el procesado ecuatoriano Xavier Jordan, quien aseguró en redes sociales que la acción legal fue desistida para dar paso a una nueva demanda basada en otros elementos que, según dijo, evidenciarían distintos delitos. Jordan afirmó además que se estarían presentando nuevas acciones legales contra otras personas y rechazó la narrativa de persecución sostenida por la exfiscal.

En sus publicaciones, Jordan –que es investigado como autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio y que también se lo procesó por delincuencia organizada en Metástasis– sostuvo que el desistimiento de la demanda no implica el cierre definitivo del conflicto legal y anunció que hará pública una nueva acción judicial. También cuestionó directamente a Salazar, a quien pidió “no mentirle al país”, y señaló a la Fiscalía General del Estado como la institución que, en su criterio, ha actuado conforme a la ley. Sus mensajes incluyeron menciones a diversas autoridades e instituciones nacionales e internacionales.

Frente a estas declaraciones, Salazar señaló que sus abogados continuarán atentos ante cualquier acción que considere infundada o difamatoria. En su comunicado afirmó que ninguna de las acusaciones en su contra se ha sostenido en jurisdicción alguna y reiteró que su actuación como fiscal estuvo guiada por la legalidad. “Con mi conciencia tranquila seguiré adelante”, expresó, al tiempo que recalcó que la verdad ha respaldado su trayectoria profesional.

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre la naturaleza exacta de la demanda retirada en Estados Unidos ni sobre el contenido de la eventual nueva acción anunciada por Jordan. Tampoco se han emitido pronunciamientos formales por parte de autoridades judiciales estadounidenses o ecuatorianas que confirmen el estado actual de los procesos mencionados públicamente.