El fin de semana recién pasado, el Partido Comunista (PC) celebró su tradicional “Fiesta de los Abrazos”, ocasión en la que su timonel, Lautaro Carmona, fustigó la intervención de Estados Unidos en Venezuela, calificó de “secuestro” la extracción de Nicolás Maduro y exigió su liberación inmediata, junto a su esposa, Celia Flores.
Y hace solo unos días, el número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, reconoció que Venezuela financió campañas políticas en otros países, al declarar que “es un acto de cobardía imperdonable que los presidentes a los que les hemos financiado las campañas no nos estén dando la mano en estos momentos”, sin dejar en claro, eso sí, a qué países y mandatarios se refería.
Debido a esto, este lunes los parlamentarios Henry Leal y Sergio Bobadilla, en representación de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), anunciaron que pedirán al Departamento de Estado de Estados Unidos investigar los presuntos aportes del régimen chavista al PC chileno.
“Cuando el presidente de un partido político en Chile reivindica de esta forma la narcodictadura y exige la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, deja en evidencia una relación que podría no ser solo política, sino también financiera”, partieron su alocución.
A renglón seguido, los diputados recordaron los USD 9 millones (de USD 13 millones comprometidos) que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) habría transferido tras el otorgamiento de un Doctorado Honoris Causa a Hugo Chávez en 2008 a la Universidad Arcis, la que era administrada por la ONG ICAL, de propiedad del PC.
Por ello, sostuvieron que “existen antecedentes suficientes que demostrarían que los vínculos no solo serían de carácter político, sino que también financieros, por lo que resulta imprescindible que esto se transparente a la brevedad posible”.
De acuerdo a los parlamentarios, “ningún aporte o financiamiento puede entenderse como un gesto desinteresado, sino que su principal objetivo es influir en la política y en los asuntos internos de nuestro país, lo que constituye una situación de extrema gravedad que debe ser investigada”.
Así las cosas, “si el propio régimen reconoce públicamente que han financiado campañas políticas en otros países y, al mismo tiempo, vemos a dirigentes del PC rindiendo pleitesías a la dictadura, resulta imposible no establecer una conexión. No estamos frente a una simple disputa ideológica, sino ante una eventual injerencia de un régimen dictatorial en la política chilena”, remataron los diputados gremialistas.
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