Dictan detención preventiva contra el exgerente de la empresa estatal de alimentos en Bolivia

Franklin Flores, exgerente de Emapa, fue aprehendido el viernes en La Paz. La justicia decidió enviarlo a la cárcel por indicios de corrupción

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El exgerente de Emapa, Franklin Flores
El exgerente de Emapa, Franklin Flores, en una imagen de archivo. Fuente: Ahora el pueblo

El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) de Bolivia, Franklin Flores, fue enviado el sábado a prisión preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, en el marco de dos investigaciones: la primera por incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica durante su gestión; y la segunda por irregularidades en la administración de harina subvencionada.

Flores deberá permanecer recluido por seis meses mientras se defiende de esos y otros cuatro procesos en su contra por presuntas irregularidades en plantas procesadoras de alimentos y el alquiler de maquinaria.

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Según la prensa local, Flores fue aprehendido el 2 de enero tras haber sido declarado rebelde y permanecer prófugo desde noviembre, luego de incumplir una detención domiciliaria concedida el 2 de octubre en el proceso por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, relacionados con la construcción de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa de El Alto (La Paz), que fue inaugurada en 2024 y tuvo una inversión de 23 millones de dólares.

La planta fue presentada como un paso hacia la industrialización del tubérculo y la generación de productos derivados. Sin embargo, a poco tiempo de su puesta en marcha surgieron críticas por su bajo nivel de operación: incluso la administración de Luis Arce admitió que funcionaba al 33% de su capacidad, pero aseguró que se ampliaría hasta el 80% hacia fines del año pasado.

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Franklin Flores, al llegar a celdas policiales
El ex gerente de la empresa estatal de alimentos de Bolivia escoltado por policías tras su detención en octubre de 2025. Foto: Unitel

Paralelamente, la planta quedó bajo investigación judicial debido a denuncias de irregularidades en la adjudicación y construcción, que derivaron en los procesos vigentes contra otros exfuncionarios.

La investigación a raíz de una denuncia del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que detectó que los ingresos económicos de Flores no guardan relación con el patrimonio declarado ante la Contraloría General del Estado.

Según la Fiscalía, el salario acumulado de Flores, entre 2022 a 2025, llegó a Bs 700.000, pero se detectó un “excedente que no fue justificado” de Bs 209.150, un monto sobre el que hay indicios de corrupción y enriquecimiento ilícito.

El fiscal anticorrupción Johan Muñoz señaló que también se investiga a los colaboradores de Flores en cuyas cuentas bancarias existen montos de dinero que no están acordes al salario que perciben como funcionarios públicos.

Supermercado Emapa
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos tiene supermercados en varias ciudades del país

Empresa estatal de alimentos en la mira

Emapa es una entidad estatal creada en 2007 con el fin de fortalecer la producción agrícola y garantizar el abastecimiento interno de alimentos. Su labor se centra en la compra de granos a pequeños y medianos productores, estableciendo precios de referencia que buscan dar estabilidad al sector y, al mismo tiempo, evitar la especulación en el mercado.

La empresa se encarga también de la transformación de productos como trigo, arroz, maíz y soya, que luego son distribuidos a industrias, panificadoras, avícolas y consumidores. De este modo, Emapa tiene un doble objetivo: apoyar a los productores locales y garantizar la seguridad alimentaria, contribuyendo a mantener el acceso a productos básicos a precios justos.

Sin embargo, en los últimos años surgieron indicios de presuntas irregularidades en su gestión que incluyen denuncias sobre compras con sobreprecio, adjudicaciones directas sin respaldo técnico, contratos observados y una débil trazabilidad en el manejo de recursos públicos. Estos señalamientos han surgido tanto de informes de la Contraloría General del Estado como de denuncias públicas realizadas por legisladores, organizaciones de productores y exautoridades.

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