El Gobierno de Trinidad y Tobago advirtió este miércoles que tomará “las acciones necesarias” contra los operadores de drones que han sobrevolado de forma no autorizada los principales aeropuertos del país, donde operan fuerzas y equipos militares de Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión regional entre Washington y Caracas.
La advertencia fue emitida por el Ministerio de Defensa, que confirmó incidentes recientes en el Aeropuerto Internacional de Piarco, en la isla de Trinidad, y en el aeropuerto ANR Robinson, en Tobago, dos infraestructuras clave del sistema aeroportuario nacional y puntos sensibles del actual despliegue de cooperación militar con Estados Unidos.
Según el comunicado oficial, los drones habrían sido utilizados para captar imágenes de instalaciones militares y equipamiento extranjero con el objetivo de difundirlas en medios internacionales. El Ejecutivo calificó esta práctica como “perjudicial” para los intereses de seguridad nacional y subrayó que constituye una violación directa de la legislación vigente sobre el uso del espacio aéreo.
El Ministerio de Defensa alertó además de que los vuelos no autorizados representan un riesgo concreto para la aviación civil. En particular, advirtió de la posibilidad de colisiones con aeronaves comerciales durante maniobras de despegue y aterrizaje, un escenario que, según la nota oficial, podría provocar “muertes a gran escala”.
Las autoridades indicaron que ya se ha iniciado una investigación para identificar a los responsables de los sobrevuelos y determinar posibles vínculos o motivaciones. El objetivo, precisó Defensa, es evitar nuevos incidentes, proteger el interés público y garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal aeroportuario.
El comunicado incluyó una advertencia explícita: el Estado actuará contra los operadores de drones “incluidas aquellas acciones permitidas por el actual estado de emergencia”, un marco legal que amplía las facultades del Ejecutivo en materia de seguridad y control territorial.
El endurecimiento del mensaje se produce en paralelo al refuerzo de la cooperación militar entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos. En Tobago, las autoridades confirmaron la instalación de un sistema de radar estadounidense y la presencia continuada de marines, mientras que aeronaves militares de Estados Unidos cuentan con autorización para utilizar aeropuertos del país caribeño.
Este despliegue ha sido presentado por el Gobierno de Puerto España como una medida defensiva ante el deterioro del entorno regional. Trinidad y Tobago se encuentra a apenas 11 kilómetros de la costa venezolana y ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el impacto de una eventual escalada militar en el Caribe oriental.
Hace cinco días, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar defendió públicamente la cooperación con Washington como el principal mecanismo de protección del país. “No voy a declarar la guerra a Venezuela, pero tengo el deber de proteger al pueblo de Trinidad y Tobago”, afirmó, al justificar el acuerdo militar con Estados Unidos como una respuesta pragmática a un contexto volátil.
Desde Caracas, las reacciones han elevado el tono político. La semana pasada, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió en su programa televisivo de que Persad-Bissessar debería estar “absolutamente segura” de las consecuencias si Venezuela fuera atacada por Estados Unidos, una declaración que fue interpretada como una advertencia directa al Gobierno trinitense.
Ayer, el dictador Nicolás Maduro aseguró que su país está recibiendo un “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU, tras una reunión de emergencia solicitada por Caracas ante lo que describe como presiones crecientes de Washington. Estados Unidos mantiene un despliegue militar en las inmediaciones del territorio venezolano y ha confiscado recientemente dos buques que transportaban crudo del país sudamericano.
En este contexto, el Gobierno de Trinidad y Tobago ha intensificado los controles sobre infraestructuras críticas y ha subrayado que cualquier intento de obtener información sensible mediante drones será tratado como una amenaza a la seguridad nacional. La advertencia marca un nuevo endurecimiento del discurso oficial en un Caribe cada vez más expuesto a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, con los pequeños Estados insulares atrapados entre la proximidad geográfica y la presión geopolítica.
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