
La presencia de organizaciones criminales extranjeras en Ecuador volvió a quedar en evidencia tras la detección de la banda peruana conocida como Los Navarro, cuya operación en territorio ecuatoriano fue confirmada luego de un trabajo de inteligencia que se extendió por al menos seis meses. La investigación culminó con la captura en Santo Domingo de los Tsáchilas de un ciudadano peruano identificado como Julio César Navarro, alias “Diablo”, señalado como el principal enlace de esta estructura transnacional con grupos delictivos locales.
La detención fue resultado de un operativo coordinado entre la Policía Nacional del Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia y el Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Lima. De acuerdo con las autoridades, el detenido se encontraba en situación migratoria irregular y utilizaba múltiples identidades falsas para evadir los controles estatales, lo que le habría permitido operar de manera clandestina en distintas provincias del país.
Según las indagaciones preliminares, alias “Diablo” cumplía un rol estratégico dentro de la estructura de Los Navarro, actuando como nexo entre la organización peruana y células criminales ecuatorianas dedicadas al tráfico de drogas, armas y explosivos, así como a actividades de extorsión. Durante su aprehensión, los agentes hallaron en su poder al menos seis documentos de identidad falsos y un teléfono celular, elementos que ahora forman parte de la evidencia dentro del proceso penal en curso.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la forma en que el detenido habría logrado consolidar su presencia en Ecuador. De acuerdo con la información oficial, alias “Diablo” obtuvo una identidad falsa a partir de los registros de un ciudadano fallecido, con antecedentes por tráfico de drogas, trámite que habría sido realizado en el Registro Civil del cantón Lago Agrio. Este mecanismo le permitió ocultar su verdadera identidad y facilitar su movilidad dentro del país sin levantar alertas inmediatas.
Las autoridades ecuatorianas han señalado que el detenido permanecerá bajo custodia en Ecuador mientras se concreta su proceso de extradición, conforme a los protocolos internacionales vigentes. El caso se encuentra en fase de investigación y no se descarta que, a partir del análisis de la información contenida en los dispositivos incautados, se identifique a otros posibles colaboradores o redes de apoyo logístico en territorio ecuatoriano.
La detección de Los Navarro se suma a otros casos recientes que evidencian la creciente internacionalización del crimen organizado en Ecuador. En lo que va de 2025, esta es la segunda organización criminal de origen peruano identificada operando en el país. A inicios de noviembre, las fuerzas de seguridad destruyeron un campamento ilegal en Zamora Chinchipe atribuido a la banda Los Trujillanos, vinculada a minería ilegal, y detuvieron a 18 de sus integrantes en septiembre pasado.
Estos hallazgos refuerzan la preocupación de las autoridades sobre el uso del territorio ecuatoriano como espacio de tránsito, refugio y articulación para organizaciones criminales transnacionales, en un contexto regional marcado por el fortalecimiento de economías ilegales y la presión de redes dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. La ubicación geográfica del país, sumada a debilidades institucionales y a la capacidad de las bandas para falsificar documentos oficiales, ha sido señalada reiteradamente como un factor de riesgo.
Desde el Gobierno se ha insistido en que la cooperación internacional, especialmente con países vecinos y organismos como Interpol, resulta clave para enfrentar este fenómeno. El caso de Los Navarro es presentado por las autoridades como un ejemplo de coordinación efectiva entre Ecuador y Perú, aunque también expone las limitaciones del control estatal frente a organizaciones que operan de manera flexible y transfronteriza.
Mientras avanza el proceso judicial contra alias “Diablo”, las fuerzas de seguridad mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el alcance real de la infiltración de esta banda en Ecuador y su posible vinculación con otras estructuras criminales que operan en el país. El caso vuelve a poner sobre la mesa el desafío que enfrenta el Estado ecuatoriano para contener la expansión del crimen organizado más allá de sus fronteras nacionales.
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