La Fiscalía de Bolivia solicitó este jueves tres meses de prisión preventiva para el ex presidente Luis Arce, detenido el miércoles en La Paz y sometido a una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de un fondo estatal destinado a proyectos indígenas durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales.
La petición, presentada ante un juez cautelar, argumenta que existen indicios suficientes para procesarlo por “incumplimiento de deberes” y “conducta antieconómica”.
Según el documento fiscal difundido a la prensa, los investigadores consideran que existen elementos que apuntan a una “probabilidad de autoría” y que Arce “tenía pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta”. La Fiscalía también sostuvo que hay “riesgo de fuga” y “obstaculización”, por lo que pidió su detención preventiva en el Centro de Reinserción Qhalauma, un establecimiento ubicado en Viacha. Una fuente del Ministerio Público señaló a medios locales que esa recomendación busca “resguardar” su seguridad debido a la relevancia política del imputado.
Arce fue aprehendido el mediodía del miércoles y trasladado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). El Gobierno boliviano indicó en un comunicado que el ex mandatario es investigado como “principal responsable” del “millonario daño económico” detectado en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc). El fiscal del caso, Miguel Cardozo, informó que Arce se acogió a su derecho a guardar silencio durante su declaración y añadió que los delitos atribuidos buscan establecer el grado de responsabilidad administrativa y financiera que tuvo cuando formaba parte del gabinete de Morales.
“La imputación será presentada y será el juez quien determine si corresponde la medida cautelar solicitada”, declaró Cardozo.
El Ministerio Público subrayó que los hechos investigados corresponden al período en que Arce ocupaba la cartera de Economía, por lo que no se aplicará un juicio de responsabilidades, mecanismo reservado para delitos cometidos durante el ejercicio presidencial.
La causa incluye además la citación a ex ministros, líderes de organizaciones sociales y funcionarios que participaron en la administración del Fondioc. Varios de ellos ya fueron indagados en investigaciones previas por presuntas anomalías en ese fondo.
El Fondioc se creó en 2005, semanas antes de que Morales asumiera la Presidencia, con el objetivo de financiar proyectos productivos y sociales en comunidades indígenas y rurales. Sin embargo, años después comenzaron a surgir denuncias sobre el uso de recursos sin respaldo técnico o sobre asignaciones que nunca se concretaron en obras.
El caso tomó notoriedad en 2013, cuando su entonces director, Marco Antonio Aramayo, denunció públicamente el presunto desvío de fondos. Pese a haber alertado sobre las irregularidades, Aramayo terminó siendo el único procesado y permaneció en detención preventiva durante siete años. Falleció en 2022 debido a complicaciones médicas, mientras organizaciones civiles reclamaban una revisión completa del caso.
Las autoridades bolivianas reemplazaron el Fondioc en 2015 por el Fondo de Desarrollo Indígena, una nueva estructura con controles ajustados para evitar que se repitan prácticas que generaron críticas internas y externas. No obstante, la investigación actual intenta determinar si las responsabilidades administrativas previas alcanzan no solo a ejecutores de proyectos, sino también a quienes autorizaron desembolsos sin informes concluyentes.
Arce, quien gobernó Bolivia entre 2020 y 2025, permanece detenido en instalaciones de la FELCC, mientras se espera que un juez determine fecha y hora de la audiencia cautelar.
Su defensa no ha emitido pronunciamientos extensos, aunque adelantó a periodistas que solicitará su libertad y que cuestionará la proporcionalidad de la medida solicitada. El proceso se desarrolla en un contexto político marcado por tensiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS) y disputas entre las facciones vinculadas a Arce y Evo Morales, que mantienen una confrontación pública desde 2023.
(Con información de EFE)
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