Dos comunarios murieron por arma de fuego y 14 personas resultaron heridas durante una intervención policial en un bloqueo en Cochabamba, Bolivia, este lunes. El hecho ocurrió en el botadero de Cotapachi, en el límite entre los municipios de Colcapirhua y Quillacollo, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, afirmó que el contingente policial cumplió una orden judicial para permitir el ingreso al botadero y calificó como una “emboscada” el conflicto con los comunarios. “Sería adelantarme decir quién ha sido el autor material. La unidad investigativa de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) determinará qué tipo de armamento se usó”, manifestó Basto en contacto con los medios locales.
En contraste, la versión de los abogados de los familiares de las víctimas señala que hubo disparos de parte de la Policía y que incluso los agentes entraron a la comunidad para perseguir a quienes bloqueaban.
El fiscal departamental, Oswaldo Tejerina, informó que este martes se tiene previsto realizar una inspección al lugar donde ocurrió el operativo para iniciar la investigación, mientras los familiares de las víctimas exigen justicia y responsabilizan a la Alcaldía de Colcapirhua por instigar los hechos de violencia.
En su defensa, el alcalde de Colcapihua, Nelson Gallinate, denunció que hay intereses económicos y personales detrás de la protesta. El funcionario indicó que se comunicaron con los movilizados días antes de que iniciara el bloqueo y que no encontraron ninguna demanda específica que motive la protesta. Sin embargo, señaló que después de iniciado el bloqueo, los pobladores demandaron soluciones a un viejo problema limítrofe.
El conflicto tiene raíces en la falta de definición en los límites de jurisdicción entre los municipios cochabambinos de Quillacollo y Colcapirhua y el uso del botadero, conocido como Cotapachi, un relleno sanitario que sirve a zonas metropolitanas y cuya apertura, cierre y administración han sido motivo de reclamos vecinales y de diferencias entre autoridades locales desde hace años.
La expresión más reciente del conflicto inició el 27 de noviembre con la instalación de un bloqueo en el ingreso al botadero por parte de pobladores que viven en los alrededores y que reclaman la delimitación clara del predio y el cierre técnico del lugar, lo que provocó la acumulación de basura en calles y la paralización del servicio.
Desde entonces hubo intentos fallidos de funcionarios de la alcaldía de Colcapirhua que se enfrentaron con los bloqueadores para habilitar el ingreso al botadero. La mañana de este lunes, un contingente policial llegó al lugar para dar cumplimiento a una resolución judicial que prohíbe el cierre del botadero.
La represión policial fue resistida con petardos, piedras y dinamita, según los reportes policiales que cita la prensa local. En medio de la intervención, dos personas fueron heridas con armas de fuego y fallecieron en el trayecto al hospital de Quillacollo. Las víctimas fueron identificadas como Marco Padilla, de 38 años, y Sinforiano Carrillo, de 47 años. También se reportó que siete policías fueron heridos.
La intervención no logró resolver el conflicto, que continúa con un bloqueo indefinido en la carretera que une Cochabamba con Oruro y La Paz.
A raíz de los hechos, autoridades y organizaciones sociales exigieron la intervención de instancias nacionales para investigar los sucesos y avanzar en una solución técnica y jurídica sobre los límites y la administración del botadero.
El vicepresidente Edmand Lara pidió un “informe exhaustivo” para dar con los responsables de las muertes para que asuman las “consecuencias de sus actos”. En un video en redes sociales, Lara afirmó: “Bolivia no puede vivir con hechos de violencia”. Por su parte, el defensor del Pueblo Pedro Callisaya hizo un llamado urgente a la pacificación y convocó a las partes en conflicto a sentarse a un diálogo urgente.
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