El “registro de infieles” en Ecuador replica una tendencia regional de escarnio digital y vulneración de datos

La circulación masiva de un archivo viral conocido como “Registro Nacional de Infieles Ecuador” ha encendido las alarmas entre las autoridades y especialistas en ciberseguridad. En las últimas horas, la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) emitió una advertencia pública sobre los graves riesgos legales y de seguridad asociados a este listado. La institución confirmó que se encuentra evaluando el alcance y origen del archivo para determinar responsables y posibles sanciones.

El listado que es anónimo y colaborativo, permite exponer nombres, fotografías, profesiones, lugares de trabajo, ciudades de residencia y acusaciones de infidelidad sin ningún tipo de verificación.

Según el comunicado oficial difundido el 4 de diciembre de 2025, el registro se distribuye por redes sociales y aplicaciones de mensajería mediante enlaces públicos donde cualquier usuario puede añadir información sobre terceros sin consentimiento.

La SPDP subrayó que esta práctica viola las condiciones lícitas del tratamiento de datos personales establecidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. “Este tipo de listados anónimos, abiertos y colaborativos promueve la exposición indebida de información y vulnera de manera directa el derecho fundamental a la protección de datos personales”, advirtió la institución en su boletín.

Medios digitales como Primicias confirmaron que el fenómeno se expandió inicialmente a través de TikTok, donde usuarios afirmaban que existían bases de datos con más de 50.000 supuestos registros. La revisión realizada por periodistas reveló enlaces alojados en Google Docs y páginas con dominios .com, .ec y .xyz, muchas de las cuales presentaban certificados de seguridad no válidos o comportamientos asociados a phishing. En una de las verificaciones, el navegador Firefox emitió una advertencia explícita de “riesgo potencial de seguridad”, señalando que la página no garantizaba una conexión protegida.

La SPDP enfatizó que la supuesta intención recreativa o humorística detrás del archivo no exime a los creadores, administradores ni usuarios de responsabilidad legal. “La finalidad ‘viral’ del archivo no elimina las consecuencias legales derivadas de su difusión”, señaló la autoridad, recordando que la divulgación no autorizada de datos puede acarrear sanciones administrativas, multas y, en algunos casos, consecuencias penales.

El organismo también llamó a la ciudadanía a no participar en estas dinámicas, evitando acceder, reenviar, consultar o añadir información. En su pronunciamiento, insistió en que la protección de datos personales es “un deber colectivo y una obligación legal”, especialmente en un entorno digital donde la viralidad puede amplificar riesgos de manera inmediata. La advertencia busca frenar la propagación de un fenómeno que, aunque presentado como entretenimiento, genera impactos duraderos en la reputación, seguridad y privacidad de las personas.

Mientras la SPDP avanza en la revisión del caso, especialistas coinciden en que la difusión del llamado “registro de infieles” confirma una tendencia preocupante: el uso de plataformas colaborativas para exponer información íntima bajo la apariencia de participación ciudadana. Los riesgos, sin embargo, trascienden el ámbito emocional o relacional. En manos de ciberdelincuentes, estos listados pueden convertirse en vectores para estafas, extorsión o ataques dirigidos, utilizando datos proporcionados por los propios usuarios.

En varios países de la región y del mundo se han registrado episodios muy similares al “registro nacional de infieles” que circula en Ecuador, lo que evidencia un patrón global de exposición digital no consentida.

En Perú, por ejemplo, se viralizó recientemente La lista negra de las girls, un archivo colaborativo donde usuarias podían añadir nombres, fotografías, profesiones y supuestas infidelidades de hombres. La dinámica era casi idéntica: enlaces compartidos en TikTok, actualización abierta por parte de cualquier persona y una rápida escalada de viralidad antes de que las plataformas empezaran a dar de baja los documentos por violación de políticas de privacidad. El caso generó una intensa discusión pública sobre la frontera entre denuncia social, entretenimiento y vulneración de datos personales.

Fenómenos parecidos han aparecido también en Chile y México, donde usuarios replicaron la lógica de “denunciar infieles” a través de bases de datos abiertas en Google Docs o páginas web de origen desconocido. En todos estos casos, el funcionamiento se apoyaba en el anonimato y en la capacidad de edición colectiva, lo que permitía incluir datos no verificados —nombres completos, fotografías, lugares de trabajo o residencia— sin ninguna forma de control.

Estas listas se difundían como contenido viral, pero terminaban transformándose en mecanismos de escarnio digital con potencial de causar daños reales: difamación, acoso, exposición laboral, conflictos familiares y riesgos de suplantación o extorsión.

A escala internacional, el caso más emblemático es el hackeo de Ashley Madison en 2015, donde la filtración masiva de datos personales vinculados a relaciones extramaritales afectó a decenas de millones de usuarios en más de 40 países. Aunque no se trataba de un registro colaborativo creado por usuarios, el impacto fue devastador: despidos, rupturas familiares, extorsiones y hasta reportes de suicidios asociados a la exposición pública.