
El proceso electoral subnacional en Bolivia está en marcha tras la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fijó como fecha para los comicios el 22 de marzo de 2026. En esa elección se renovarán más de 5.000 cargos públicos —entre gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas regionales— en los nueve departamentos del país.
Aunque aún no se han registrado los frentes ni las candidaturas que van a participar, ya hay señales de competencia abierta: decenas de partidos y agrupaciones políticas comienzan a moverse buscando alianzas y candidatos para configurar el mapa político del próximo quinquenio, luego de las elecciones nacionales.
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, declaró su intención de presentar “candidatos propios” a través de una sigla política que aún no obtuvo personería jurídica, por lo que no se descarta que busque alianzas con otras fuerzas políticas, lo que podría marcar un escenario de tensión con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el que llegó al poder.
En la previa de las elecciones también asoman algunas caras conocidas que habían estado alejadas de la arena política en los últimos años, como el ex alcalde de La Paz, Luis Revilla. En enero de 2022, el ex alcalde se declaró en la clandestinidad, luego de que un dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) le iniciara un proceso penal en su contra por un supuesto sobreprecio en la compra de buses para el transporte público.

“Quiero decir que estamos volviendo con las manos limpias, estamos volviendo a demostrar nuestra inocencia ahora que la justicia ya no está influída por el poder político, vamos a poder presentar nuestras pruebas y vamos a demostrar nuestra inocencia”, declaró ante los medios tras su arribo a la sede de Gobierno. Sobre su futuro político, no descartó la posibilidad de participar en las elecciones subnacionales y dijo que antes hará una evaluación con los militantes de Soberanía y Libertad.
En Santa Cruz de la Sierra, la ex alcaldesa Angélica Sosa —que estuvo presa y envuelta en múltiples denuncias de corrupción— también señaló que su frente Santa Cruz Para Todos va a participar en las elecciones regionales, pero no confirmó oficialmente su postulación. “Nuestro compromiso va a ser solucionar todo y lo que me pida a mí el pueblo (…) nunca voy a decirle no a mi pueblo”, afirmó en un video.
En tanto, el gobernador y ex líder cívico Luis Fernando Camacho manifestó que buscará ser reelegido como máxima autoridad del departamento de Santa Cruz, luego de haber pasado más de la mitad de su mandato detenido preventivamente en la cárcel por acusaciones relacionadas con las movilizaciones sociales previas a la renuncia de Evo Morales en 2019.
Camacho recuperó su libertad en agosto, al igual que el ex líder cívico Marco Antonio Pumari, que enfrentaba los mismos cargos y que anunció su candidatura a la gobernación de Potosí.

El arranque de esta carrera electoral promete un periodo intenso de negociaciones, estrategias territoriales y definición de candidaturas para renovar el poder local en Bolivia.
El mandato de las autoridades que resulten electas coincidirá con el del nuevo presidente Rodrigo Paz, quien ha prometido reducir el centralismo y fortalecer la autonomía regional mediante la distribución de recursos en un programa que ha denominado “50-50”, por lo que estas elecciones pueden ser decisivas para una reorganización fiscal más equilibrada.
La semana pasada, el TSE confirmó que más de 200 agrupaciones ciudadanas regionales y 14 partidos políticos están habilitados para disputar los comicios y fijó el 22 de diciembre como fecha límite para la inscripción de candidaturas.
En el ínterin, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe designar nuevos vocales electorales mediante un proceso de convocatoria abierta. Las autoridades electorales actuales —que condujeron las últimas seis votaciones— concluyen su mandato el 18 de diciembre.
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