Ordenaron el arresto de cuatro jueces que ocuparon cargos por casi dos años fuera del plazo legal en Bolivia

La Justicia boliviana emitió órdenes de aprehensión contra cuatro ex magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) quienes, junto a otros tres jueces de las altas cortes judiciales, prorrogaron su mandato fuera del plazo legal. Los delitos por los que se los acusa son usurpación de funciones y atentado a la seguridad jurídica del Estado.

La determinación fue tomada por el juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, del Juzgado de Instrucción Primero del municipio de La Guardia, en Santa Cruz. “Se dispone que sean conducidos ante el módulo policial de La Guardia y luego puestos a disposición del suscrito juzgador a fin de resolver la presente acción popular”, señala la resolución judicial.

Los exmagistrados con orden de aprehensión son Gonzalo Hurtado Zamorano, René Yván Espada, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Lorena Gallardo. Pero la medida judicial excluyó a Jiménez Castro, quien anteriormente había presentado su renuncia al cargo.

El mismo juzgado emitió una solicitud al Ministerio de Gobierno para activar una alerta migratoria contra los cinco magistrados prorrogados del TCP. Fuera de estas medidas quedaron los dos exmagistrados autoprorrogados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar.

En medio de presiones políticas y judiciales por su controversial extensión de mandato, este martes, los cinco jueces autoprorrogados firmaron un auto constitucional en el que determinan el cese de sus funciones y el de dos autoridades del TSJ. El documento establece, sin embargo, la vigencia plena de todos los actos emitidos durante la prórroga de sus respectivos mandatos.

Las autoridades judiciales habían sido electas por voto popular en 2017 y sus mandatos terminaban el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, las elecciones para elegir a sus reemplazados se retrasaron un año —por falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa y por impedimentos judiciales puestos por los jueces que iban a ser relevados—, lo que provocó la autoprórroga de sus cargos, bajo el argumento de que el Órgano Judicial no podía quedar acéfalo.

Finalmente, cuando faltaban días para la elección de nuevos jueces, en diciembre de 2024, los magistrados del TCP declararon desierta la convocatoria en algunas regiones con lo que extendieron su mandato, y el de dos jueces del TSJ, durante casi un año más.

El ex presidente del Estado y de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, fue una de las voces críticas sobre la extensión del mandato en el Órgano Judicial. Tras conocer el cese de las funciones, calificó la autoprórroga como “el peor agravio al orden democrático”.

El exmandatario agregó que su salida “por la puerta trasera con auto reconocimientos no limpia ni justifica su atropello”.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz también celebró el cese de funciones y calificó la autoprórroga como uno de los “símbolos de la injusticia” en el país.

Durante su mandato, los magistrados del TCP emitieron una serie de resoluciones contradictorias que generaron controversia. En 2020 extendieron el mandato de Jeanine Añez por la postergación de las elecciones en medio de la pandemia para luego, con Luis Arce en el poder, emitir una sentencia que calificaba como “inconstitucional” el Gobierno de Añez que ellos mismos habían reconocido.

También anularon sesiones de la Asamblea Legislativa, dilataron un recurso de interpelación para que los legisladores puedan interpelar a los ministros de Estado y entorpecieron la realización de las elecciones judiciales.

Finalmente, el TCP fue el ente que dimitió en la disputa interna del MAS al vetar indefinidamente la reelección de Evo Morales y reconocer como válido un congreso del partido en el que se había elegido a un aliado de Luis Arce como presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Tras el alejamiento de los siete jueces del Órgano Judicial, el vicepresidente Edmand Lara anunció que convocará a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para acelerar una ley de elecciones de los magistrados vacantes.