El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) resolvió este martes cesar a los magistrados que extendieron sus períodos más allá del mandato legal. La decisión, formalizada mediante el auto constitucional 0087/2025-0, ordena que cinco jueces del TCP y dos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presenten su salida en los próximos diez días hábiles.
Los funcionarios prolongaron su permanencia en los cargos desde finales de 2023 mediante una interpretación constitucional que generó procesos penales y controversias en distintos niveles del Estado.
La resolución pone fin a una etapa marcada por la falta de elecciones judiciales y por cuestionamientos de organizaciones políticas y sociales que calificaron la prórroga como un ejercicio de autoridad sin sustento legal.
Los funcionarios alcanzados por el fallo son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas, todos del TCP.
La medida también incluye a Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, miembros del TSJ. Todos debían concluir su mandato en diciembre de 2023, pero permanecieron en funciones luego de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, que habilitó su continuidad ante la falta de un proceso electoral para designar reemplazos.
El Auto Constitucional establece que el lapso de diez días hábiles permitirá cerrar causas pendientes. Además, determina que todas las decisiones adoptadas por las autoridades prorrogadas se mantendrán “firmes y vigentes”, una fórmula que busca evitar impugnaciones masivas que puedan afectar la estabilidad del sistema judicial.
El documento aclara que los magistrados elegidos en 2024 no participaron en la deliberación porque no conocían previamente el caso.
La publicación del fallo coincidió con la audiencia en la que la Sala Constitucional Primera de Potosí evaluaba una acción popular presentada contra los magistrados prorrogados. La demanda fue impulsada por la ciudadana Sandra Beatriz Aiza, quien cuestionó la continuidad de los funcionarios y pidió medidas para restaurar la regularidad institucional.
La audiencia se convirtió en un punto central del debate nacional debido a la tensión acumulada desde que se postergaron las elecciones judiciales previstas para 2024.
Horas antes de la audiencia, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, denunció que los magistrados prorrogados intentaron influir sobre jueces constitucionales mediante lo que describió como una “ficticia complementación” de una decisión previa del TCP.
“Bolivia no se arrodilla ante los usurpadores de la justicia”, afirmó Saucedo.
En su pronunciamiento oficial, los magistrados defendieron la decisión de prolongar su mandato. Aseguraron que actuaron para garantizar la continuidad institucional y afirmaron que su gestión evitó que decisiones previas del TCP habilitaran la reelección indefinida como derecho humano.
“Jamás entregamos el poder constitucional al sistema político”, sostuvieron en el documento divulgado por el tribunal, en el que también mencionaron que su actuación permitió asegurar la realización de las elecciones nacionales programadas para 2025.
La falta de elecciones judiciales constituye uno de los elementos centrales de la crisis. El proceso para renovar a las altas autoridades quedó paralizado en 2023 por desacuerdos entre el oficialismo y sectores opositores respecto al reglamento, los candidatos y la supervisión del proceso de selección.
La ausencia de consenso impidió avanzar y dejó al sistema judicial en un escenario sin precedentes, con magistrados que permanecieron en funciones pese a que la Constitución fija un periodo de seis años sin posibilidad de prórroga.
El fallo del TCP no resuelve el trasfondo del conflicto, pero abre una etapa en la que el país deberá definir cómo completará las vacantes sin generar nuevas disputas. El Gobierno y la Asamblea Legislativa deberán coordinar la reactivación del proceso de elección, mientras organizaciones sociales exigen un mecanismo que garantice independencia y transparencia.
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