La agencia de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) retornará “muy pronto” a Bolivia, según anunció el viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.
La DEA regresará “muy pronto, porque existe un compromiso político y eso es lo más importante”, manifestó Justiniano en una entrevista con la agencia de noticias francesa AFP. La agencia norteamericana fue expulsada de Bolivia en 2008 tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
El zar antidrogas señaló que la tarea principal será la reanudación del intercambio de información e hizo un llamado a otros países para responder a los requerimientos de Bolivia en su lucha contra el narcotráfico y las mafias internacionales. “Ya no seremos un país aislado, un país que se mira el ombligo y actúa únicamente por necesidad política”, manifestó.
En declaraciones anteriores, el viceministro Justiniano señaló que en Bolivia existen “cárteles internacionales” que necesitan ser encarados mediante acciones conjuntas con otros países. “Nosotros no podemos solamente con la fuerza local (estar) enfrentando al narcotráfico, debemos integrarnos y necesitamos cooperación”, declaró.
La llegada al poder del presidente Rodrigo Paz Pereira a inicios de noviembre supuso un giro en la política exterior boliviana y un acercamiento con Estados Unidos que se encamina al restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas, rotas en 2008 tras la expulsión del embajador norteamericano en medio de acusaciones de “conspiración” contra el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
Paz se reunió con funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos Marco Rubio y Christopher Landau, que estuvo en Bolivia para su investidura; y ambas naciones han manifestado su interés en fortalecer la cooperación en ámbitos económicos, de seguridad y desarrollo social, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.
Una de las tareas centrales para el nuevo viceministro -que ocupó el mismo cargo durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)- es erradicar sembradíos ilegales de hoja de coca.
En Bolivia, la hoja de coca ocupa un lugar central tanto en la economía rural como en la vida cultural del país. Su cultivo, concentrado principalmente en las regiones de los Yungas (La Paz) y el Chapare (Cochabamba), se destina en parte al consumo tradicional —masticado, infusiones y usos rituales—, una práctica extendida entre amplios sectores de la población.
No obstante, una parte de la producción excede los volúmenes reconocidos por la ley y se desvía al narcotráfico. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, Bolivia tiene 31.000 hectáreas de sembradíos de coca, de las cuales solo 22.000 son reconocidas como legales. Si bien no hay datos de producción de cocaína, Justiniano señaló que las estimaciones sugieren una fabricación de “300 toneladas al año”.
“Los números son exorbitantes”, manifestó el zar antidrogas.
Hasta la gestión anterior, Bolivia había rechazado la asistencia internacional para combatir el narcotráfico bajo una política de “soberanía”. “No necesitamos la injerencia de otros países, necesitamos soberanía”, manifestó a inicios de año el entonces ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo.
Datos de incautaciones de cocaína en Bolivia en los últimos años indican una tendencia creciente desde 2020. De acuerdo con la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), organismo especializado encargado de la lucha contra el narcotráfico en el país, durante la gestión 2024, se incautaron 66 toneladas de cocaína, más del doble de decomisos realizados en 2023, cuando llegaron a 32,9 toneladas.
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