Transportistas de Bolivia en alerta ante posible suspensión de la subvención de hidrocarburos

Los gremios de choferes en Bolivia se manifestaron contra la posible suspensión de la subvención a los combustibles, una de las medidas que el gobierno de Rodrigo Paz prevé encarar como parte de las acciones para estabilizar la economía del país.

“No se equivoque, presidente, antes de subir el precio del combustible estabilice la economía del país. No va a ser factible que haya un gasolinazo anticipado”, advirtió Marco Nava, dirigente de la Federación de Choferes Asalariados de Cochabamba, quien anunció la realización de un congreso nacional de choferes el 22 de noviembre.

Por otra parte, Víctor Tarqui, representante de la Confederación de Choferes de Bolivia, informó que solicitaron una reunión con el Gobierno para analizar el precio de los combustibles. “Tienen que ser cautos para no hurgar este tema, la subvención es la estabilidad de nuestro país”, manifestó en una conferencia de prensa el lunes.

Los gremios temen que el alza en el precio del diésel y la gasolina “dispare” el costo de vida en el país.

De momento no se conoce cuál será la nueva política en relación al precio de los carburantes, pero algunos funcionarios de Gobierno han señalado algunos indicios. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, adelantó que la subvención se levantará, pero que habrá compensaciones para los sectores más vulnerables.

“Vamos a trabajar en otras formas de llegar a la gente que más lo necesita, la subvención a la oferta de combustibles no es sostenible, vamos a una subvención a la demanda”, explicó en entrevista con el canal Unitel y señaló que el 30% del combustible “se va al contrabando y la corrupción”.

Por otra parte, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, afirmó que se está haciendo una revisión exhaustiva de toda la estructura de precio del combustible, analizando los márgenes y los costos en cada eslabón de la cadena de valor.

Según Medinaceli, el objetivo es redirigir el gasto de la subvención para beneficiar de forma más eficiente a los sectores vulnerables y evitar el contrabando hacia países vecinos. Según datos oficiales, el país pierde cerca de 600 millones de dólares anuales por contrabando de diésel y gasolina.

Bolivia atraviesa un periodo crítico en relación a los combustibles: la producción nacional ha caído drásticamente en los últimos años y gran parte del diésel (95 %) y la gasolina (55 %) que se consume proviene de importaciones, cada vez más difíciles de mantener por la crisis económica y la falta de divisas que enfrenta el país. Hasta octubre, el país desembolsó 1.380 millones para comprar combustible, pero el monto parece ser insuficiente por los recurrentes periodos de escasez que hubo durante el año.

A esto se suma la política de subsidios implementada en 1997 y el precio fijo establecido en 2004, que es menor al internacional (cerca de 0,53 dólares por litro de diésel y gasolina, al tipo de cambio oficial).

Ambos factores han desencadenado periodos prolongados de escasez en los últimos años, provocando pérdidas económicas para sectores estratégicos como la agricultura y el transporte, además de alterar la vida de la población con filas eternas de vehículos en las estaciones de servicio.

Tras ser elegido presidente de Bolivia, Paz y su equipo económico iniciaron gestiones con países vecinos para garantizar el abastecimiento de combustible desde el inicio de su mandato.

El tema fue medular en el arranque de la gestión y una de las principales armas de comunicación política: durante el primer discurso oficial como presidente se difundió un video de camiones cisterna ingresando al país con el producto más cotizado por los bolivianos en los últimos meses. Al día siguiente, Paz y sus ministros encabezaron una caravana de camiones con diésel y gasolina en un acto que para muchos simbolizó el cambio en la gestión pública del país.

Sin embargo, los analistas advierten que el suministro actual es un fenómeno circunstancial que no responde a un cambio en el esquema de dotación de combustibles y que no es sostenible. Las próximas semanas serán decisivas para el anuncio y la puesta en marcha de una de las reformas más controvertidas y necesarias en Bolivia.