La Fiscalía comunicó este miércoles que al menos dos de los 121 fallecidos durante la operación policial del 28 de octubre en dos complejos de favelas de Río de Janeiro presentaban “lesiones atípicas” que no corresponden a enfrentamientos armados convencionales.
La denuncia aparece en un informe parcial que el Ministerio Público de Río de Janeiro envió a la Corte Suprema sobre las autopsias de los cuerpos recuperados en las barriadas de Penha y Alemão, después de la que se considera la operación policial más letal de Brasil.
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En la operación, que dejó cuatro policías muertos, el objetivo era capturar a líderes relevantes del Comando Vermelho, la organización criminal más antigua y numerosa de Río de Janeiro, con presencia en otros estados del país y en naciones vecinas.
El informe remitido al magistrado Alexandre de Moraes, quien lleva un proceso sobre la letalidad de las operaciones policiales en favelas cariocas, indica que uno de los fallecidos tenía impactos de bala a corta distancia y otro fue hallado decapitado por un objeto cortante.
Según la Fiscalía, los demás cuerpos muestran heridas internas y externas compatibles con disparos de fusil, en su mayoría localizadas en tórax, abdomen y espalda.
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Todos los muertos eran hombres jóvenes, entre 20 y 30 años, varios de ellos vestían ropa camuflada, botas tácticas y chalecos con cargadores de munición.
En las prendas encontradas en distintos cuerpos se incautaron municiones, teléfonos móviles y pequeñas dosis de marihuana prensada.
El documento resalta que muchas víctimas tenían tatuajes ligados a facciones criminales o motivos relacionados con el exterminio de policías.
Los investigadores advierten que la presencia de estos símbolos no exonera a las autoridades de esclarecer el contexto exacto de las muertes, sobre todo en los casos con características fuera del patrón habitual.
La Fiscalía anticipó que la próxima fase de la investigación se enfocará en analizar las imágenes de cámaras corporales de los agentes involucrados y en revisar el lugar donde ocurrieron los supuestos enfrentamientos, para reconstruir la dinámica de la operación.
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La llamada Operación Contención fue presentada como una acción dirigida contra integrantes del Comando Vermelho, pero el elevado número de víctimas y los indicios de ejecuciones sumarias generaron críticas de organismos de derechos humanos y manifestaciones en varias ciudades brasileñas.
Frente a las acusaciones de abusos y violaciones durante la operación, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró: “No había una orden (judicial) de matanza y hubo matanza”.
La Policía Civil de Río de Janeiro informó que 115 de los 117 civiles identificados hasta el momento tenían “vínculos comprobados” con el Comando Vermelho; 97 contaban con antecedentes criminales “relevantes” y 59 estaban sujetos a órdenes de detención judicial.
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