Tras el operativo policial en una favela de Río de Janeiro en la que más de 130 personas fueron asesinadas, el Gobierno de Bolivia reforzó los controles en la frontera con Brasil para evitar el ingreso de miembros de organizaciones criminales.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, informó que no se ha registrado la presencia de ningún sospechoso pero que la medida es preventiva y se realiza en las zonas vulnerables de la frontera en los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, al norte y este del país.
La frontera con Brasil es una de las más extensas de la región con una longitud de 3.423 kilómetros y que incluye zonas selváticas y fluviales. El operativo incluye acciones coordinadas con las autoridades brasileñas en tes localidades de alto flujo comercial.
Aguilera explicó que el plan de control prevé la creación de una instancia de inteligencia fronteriza que permitirá cruzar información sobre personas con posibles identidades falsas o antecedentes criminales.
“Hemos identificado casos de ciudadanos extranjeros que ingresan al país con documentación adulterada, logran inscribirse en el Registro Civil y consiguen cédulas bolivianas”, explicó, citado por los medios locales.
Según la autoridad, algunas de estas personas abren empresas en Bolivia para lavar el dinero ilícito. “Llegan huyendo de sus países, cambian su identidad y se presentan como empresarios prósperos, pero detrás de eso existen redes criminales que buscan operar en Bolivia”, explicó Aguilera.
En mayo de este año, se identificó a dos ciudadanos brasileños vinculados al Comando Vermelho que fueron deportados y meses más tarde, se reveló la presencia en Bolivia de Sérgio Luiz de Freitas Filho, vinculado a la organización del Primer Comando Capital (PCC), quien aún no ha sido capturado por la Policía boliviana.
Aguilera manifestó que la lucha contra el crimen organizado se desarrolla “con respeto a los derechos humanos y en el marco de la cooperación internacional”, fortaleciendo la presencia policial en las zonas fronterizas y urbanas más vulnerables.
Tras la intervención en las favelas, se generó una alerta en la región y otros países, como Uruguay, Paraguay y Argentina también fortalecieron la vigilancia fronteriza para evitar el escape de personas vinculadas con el Comando Vermelho.
El megaoperativo en Río de Janeiro se inició 28 de octubre con el objetivo de ejecutar órdenes de detención contra miembros del Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales de ese país junto al PCC.
La redada incluyó el despliegue de más de 2.500 policías y militares en las favelas da Penha y de Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro. Tras varias horas de enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados, las autoridades reportaron más de 130 muertos
La escena de los cuerpos tendidos en las calles de la favela, rodeados por familiares que intentaban reconocer a las víctimas, provocaron una fuerte conmoción social y reabrieron el debate sobre la violencia del operativo y los posibles excesos en la actuación policial.
“Este operativo es una tragedia de gran magnitud y no tiene ningún impacto real en la lucha contra la criminalidad. Se trata de personas de base de los grupos criminales, y mañana otros estarán vendiendo drogas en las esquinas”, afirmó el director de Human Rights Watch (HRW) en Brasil.
La reciente operación reavivó el debate en Brasil sobre el equilibrio entre la lucha contra el crimen organizado y el respeto a los derechos humanos, un tema que vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política y social del país.
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