Ecuador reformó su Ley de Movilidad: se exigirán antecedentes penales y se acelerarán las deportaciones

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que introduce nuevas disposiciones sobre control migratorio, deportaciones aceleradas y requisitos de ingreso al país, como la presentación obligatoria de antecedentes penales. La normativa fue respaldada por las bancadas de ADN, Partido Social Cristiano (PSC), exPachakutik e independientes, mientras que el correísmo votó en contra al advertir que algunas disposiciones retoman textos previamente declarados inconstitucionales.

El informe, elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, presidida por la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo, unificó ocho proyectos de ley relacionados con movilidad humana y fue aprobado luego de varios meses de socialización con entidades del Ejecutivo, organismos internacionales y expertos en derecho migratorio.

Entre los principales cambios aprobados figura la exigencia de antecedentes penales y registros migratorios como requisito para el ingreso, visado o naturalización de extranjeros. Según el texto aprobado, quienes pretendan entrar al Ecuador deberán presentar un certificado de antecedentes judiciales válidos en su país de origen o residencia, requisito que también aplicará para la obtención de visas de residencia temporal o permanente.

Otro eje de las reformas es la creación de mecanismos de deportación expedita. El Ministerio del Interior podrá disponer la salida inmediata de extranjeros que representen una amenaza comprobada para la seguridad pública o nacional, con plazos abreviados y procedimientos simplificados.

El texto aprobado mantiene la prohibición de expulsiones colectivas y de la llamada “devolución en caliente”, conforme a los principios internacionales de derechos humanos y al criterio de la Corte Constitucional. Sin embargo, introduce causales más amplias para la revocatoria de visados y la deportación, incluyendo los casos de reincidencia en delitos graves o de falsificación de documentos migratorios.

Las reformas también reconocen la figura de “solicitud abusiva o ilegítima” de refugio, que permitirá al Estado rechazar o revocar peticiones que se consideren fraudulentas o destinadas a evadir procesos judiciales. Esta disposición fue cuestionada por juristas y organismos de derechos humanos, quienes alertaron que podría restringir el principio de no devolución, pilar del derecho internacional de protección a refugiados.

El proyecto aprobado contempla además medidas de simplificación para los ecuatorianos en el exterior, como la digitalización de trámites de retorno, repatriación de cadáveres y regularización de bienes personales. También incorpora la figura de “visa de transeúnte” para personas en tránsito hacia terceros países y la obligación de actualizar los registros migratorios nacionales.

El informe de segundo debate recoge también observaciones de organismos internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió a la Comisión que Ecuador enfrenta un aumento del desplazamiento interno por violencia, con más de 313.000 personas desplazadas entre 2022 y 2024, y recomendó incorporar esta realidad en la ley, así como crear un registro nacional de desplazados internos.

En contraste, la Cancillería de Ecuador, según consta en el proyecto para segundo debate, defendió que las reformas buscan “dotar al país de un marco legal moderno, coherente con los estándares internacionales, pero adaptado a la coyuntura de inseguridad”. Según Sommerfeld, Ecuador mantiene su compromiso con los derechos humanos, pero requiere herramientas más ágiles para enfrentar nuevas amenazas.

El texto aprobado deberá ser revisado por el Ejecutivo antes de su publicación en el Registro Oficial. Si el presidente Daniel Noboa no presenta observaciones dentro del plazo legal, la reforma entrará en vigencia automáticamente.

La aprobación de la ley sucede a una semana del inicio de la campaña electoral para el referéndum y la consulta popular impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Entre las propuestas, el oficialismo busca convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución.