Un ministro de Noboa criticó a la Justicia por la liberación de los detenidos por el ataque a la caravana presidencial

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, reaccionó con dureza a la decisión judicial que ordenó la liberación de las cinco personas detenidas tras el ataque contra la caravana del presidente Daniel Noboa en la provincia del Cañar. La jueza penal de Azogues, Erika Álvarez, declaró ilegal la detención de los acusados y dispuso su inmediata libertad, argumentando vulneraciones al debido proceso.

“Lo que está pasando, y que no es nada nuevo, es la traición por parte de la justicia y la irresponsabilidad en la toma de decisiones. Nos estamos dando cuenta de que esto favorece a la delincuencia, porque lo que se cometió fue un acto de violencia, un atentado contra el presidente”, afirmó Reimberg en declaraciones ofrecidas la noche del miércoles 8 de octubre a FM Mundo.

La resolución judicial se emitió apenas horas después de que la Fiscalía no pudiera formular cargos por el delito de ataque o resistencia. Según el expediente, los cinco ciudadanos —identificados como Franklin Pichazaca, Jaime Guaman, José Guaman, María Chimbo y Luis Yupa— fueron detenidos el lunes 7 de octubre en el cantón El Tambo, luego de que la caravana presidencial fuera agredida con piedras y palos durante una jornada de manifestaciones.

Los detenidos fueron inicialmente trasladados a los centros de rehabilitación de Azogues y Cuenca. Sin embargo, durante la audiencia de flagrancia, la jueza Álvarez determinó que la detención había sido ilegal, al considerar que los arrestados permanecieron incomunicados, sin lectura de derechos y sin asistencia inmediata de defensa técnica. En consecuencia, ordenó su liberación y desestimó la acusación por tentativa de asesinato contra el presidente, presentada por la ministra del Ambiente, Inés Manzano.

La decisión generó un fuerte contraste entre las posturas del Gobierno y de los sectores sociales que acompañaron la audiencia. Mientras Reimberg sostuvo que se trata de un “golpe bajo” para el Ejecutivo, el ex candidato presidencial y dirigente indígena y abogado del caso, Yaku Pérez celebró la liberación de los detenidos y acusó al Estado de haber incurrido en un uso excesivo de la fuerza. “El Estado, como siempre, hace uso excesivo de la fuerza contra el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Franklin no es terrorista, es artista, y los demás son defensores”, escribió Pérez en su cuenta de X, junto a una fotografía de los liberados.

Para el ministro del Interior, la decisión judicial no altera la narrativa del Gobierno sobre lo ocurrido en Cañar. “Los videos son claros y demuestran la agresión que sufrió la caravana del presidente. No puede tomarse a la ligera un atentado contra la vida del presidente de la República”, insistió. Añadió que la investigación continuará y que el Ministerio mantendrá la colaboración con la Fiscalía para identificar a los responsables.

El caso ha adquirido relevancia política en medio del paro nacional convocado por organizaciones indígenas y sindicales, que lleva más de una semana con focos de protesta en varias provincias del país. El ataque a la caravana presidencial ocurrió mientras Noboa se trasladaba desde Cuenca hacia la costa, en un contexto de tensión por los bloqueos y enfrentamientos con la Policía.

Videos difundidos en redes sociales muestran a manifestantes lanzando objetos contra los vehículos del convoy. Inicialmente, el Gobierno denunció un “intento de asesinato” y reforzó la seguridad presidencial.

La polémica resolución judicial ha profundizado el debate sobre la independencia judicial y el alcance de las garantías procesales en casos de conmoción política. Mientras el Ejecutivo insiste en que la decisión beneficia a grupos violentos, organizaciones de derechos humanos han reiterado la necesidad de que toda actuación estatal se ajuste al marco constitucional y al principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza.

El Ministerio del Interior, según Reimberg, insistirá ante el Consejo de la Judicatura en la revisión de este tipo de decisiones judiciales, al considerar que “ponen en riesgo la seguridad del Estado y el principio de autoridad”.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, no se ha pronunciado sobre si apelará la resolución de la jueza Álvarez, mientras los cinco liberados recuperaron la libertad en medio de aplausos de sus familiares y dirigentes comunitarios que acudieron a Azogues para respaldarlos.