El académico Adrián Meza Soza, exiliado nicaragüense radicado en Costa Rica desde 2022 tras el cierre de la universidad privada que dirigía, denunció ser objetivo de una supuesta operación de inteligencia atribuida al Ejército de Nicaragua.
Meza Soza dirigió una carta pública a los responsables de inteligencia militar, así como al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras detectar vigilancia en su vivienda.
Allí explicó que un individuo desconocido, que disponía de su nombre y dirección, intentó ingresar al complejo donde reside argumentando que debía entregarle su vehículo. Al ser impedido de acceder, el hombre abandonó el lugar.
El exrector, con trayectoria en inteligencia militar, interpretó el incidente como un intento deliberado de localización, relacionado con una serie de asesinatos políticos recientes señalados por sectores opositores al Ejército y al gobierno nicaragüenses.
Entre los casos citados aparece la muerte a tiros del mayor retirado Roberto Samcam en San José, el 19 de junio de 2025, junto a los atentados contra el activista Joao Maldonado.
Meza Soza rechazó cualquier pretensión de protagonismo y advirtió sobre el ambiente de inseguridad entre exiliados nicaragüenses, cuestionando la utilidad política de estos homicidios para las autoridades de Nicaragua.
A su vez, Organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Fundación Sin Límites respaldaron las denuncias sobre la persecución transnacional. Exigen justicia en el caso de Samcam y mayor protección para los opositores, reclamando una actuación más comprometida del Estado costarricense.
El aumento de ataques contra exiliados y la escalada de presión internacional han profundizado los cuestionamientos sobre la estabilidad del régimen nicaragüense y el futuro de quienes se vieron obligados a abandonar el país.
La persecución del régimen nicaragüense afecta a opositores más allá de sus fronteras, según expertos de la ONU
Bajo este contexto, la represión ejercida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se limita al territorio de Nicaragua, sino que se extiende a ciudadanos exiliados en diferentes países. Así lo denunció un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, que instó a la comunidad internacional a exigir cuentas al régimen ante la Corte Internacional de Justicia.
En Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU (GTDFI) manifestó su preocupación por la permanencia de estos casos en Nicaragua y advirtió que el número de víctimas podría superar los registros oficiales, ya que muchas familias y representantes legales deciden no denunciar por miedo a represalias.
De acuerdo con datos divulgados por el GTDFI y citados por Reuters, entre las personas desaparecidas figuran líderes indígenas, mujeres, adultos mayores, militantes de partidos políticos y ciudadanos sin afiliación política, personas consideradas opositoras o disidentes por las autoridades.
El grupo informó que, desde 2018, no ha recibido respuesta oficial del Ejecutivo de Managua, a pesar de los insistentes pedidos de información y la disposición a brindar asistencia técnica por parte de Naciones Unidas. “El Gobierno no coopera con el Grupo”, señalaron.
(Con información de EFE y Reuters)
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