Las reacciones de la comunidad internacional han marcado la agenda política relacionada con el paro nacional en Ecuador. La embajadora de la Unión Europea en Quito, Jekaterina Doródnova, y el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, ofrecieron declaraciones tras haber acompañado al presidente Daniel Noboa en un convoy militar y policial calificado como humanitario por el gobierno hacia la provincia de Imbabura, que fue atacado con piedras y objetos contundentes. A su vez, la ONU-Derechos Humanos instó a un “diálogo urgente” entre el Gobierno y las organizaciones sociales para frenar la escalada de violencia, luego de la muerte del comunero indígena Efraín Fuerez y las denuncias de militares heridos y retenidos.
Doródnova confirmó su participación en la caravana organizada por el Ejecutivo, cuyo propósito era llevar ayuda a Imbabura, epicentro de las protestas. La diplomática relató que durante el trayecto enfrentaron bloqueos con troncos y rocas, y que varios vehículos sufrieron impactos de piedras. En su pronunciamiento, expresó condolencias por el fallecimiento de un manifestante el 28 de septiembre en Cotacachi y enfatizó la necesidad de liberar a los militares que permanecen retenidos. “Todo el mundo tiene derecho a manifestar, pero pacíficamente. Lamentamos el fallecimiento de un manifestante, expreso mis sinceras condolencias a su familia. También lamentamos que varios militares han sido heridos y secuestrados, hago un llamado a su liberación inmediata”, declaró Doródnova.
Por su parte, Giovanni Davoli, embajador de Italia, confirmó que también formó parte de la caravana en la que viajaba el presidente Noboa y que la experiencia le tomó seis horas y media debido a los bloqueos en la carretera. El diplomático aseguró que el ataque contra el convoy fue perpetrado con la intención de causar el máximo daño posible, aunque sin dejar heridos. En un comunicado oficial, Davoli condenó “enérgicamente este acto terrorista dirigido contra el Jefe de Estado ecuatoriano” y subrayó que ninguna protesta violenta puede considerarse legítima. Añadió que Italia reafirma su compromiso con la paz, el diálogo y la defensa de los principios democráticos que sostienen la convivencia pacífica.
Las declaraciones de ambos embajadores se produjeron en un contexto marcado por tensiones crecientes. Las protestas, convocadas inicialmente en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, han derivado en choques entre comunidades indígenas, fuerzas de seguridad y convoyes oficiales. El Gobierno ha denunciado actos de vandalismo y terrorismo, mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha negado acusaciones de secuestro de militares y responsabiliza al Estado de la represión. El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, insistió en que “no somos pueblos secuestradores o extorsionadores” y acusó al Gobierno de intentar deslegitimar la protesta.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur se sumó a los llamados de calma. En un comunicado emitido el 29 de septiembre, la ONU lamentó la muerte del comunero kichwa Efraín Fuerez y pidió una investigación exhaustiva, imparcial y transparente para determinar responsabilidades. Jan Jarab, representante regional, recordó que el Estado es responsable de las acciones y omisiones de sus fuerzas de seguridad, y advirtió sobre los riesgos de desplegar militares en tareas de control de protestas. “Las fuerzas militares no son entrenadas para enfrentar situaciones de conflictividad social o seguridad pública. Su actual despliegue representa un riesgo real de violaciones de derechos humanos”, subrayó.
La ONU también pidió investigar las denuncias de personas heridas, entre ellas 12 militares afectados en enfrentamientos. Al mismo tiempo, instó a las autoridades y a las organizaciones sociales e indígenas a iniciar un “diálogo urgente” para evitar una escalada de la violencia y encontrar soluciones pacíficas. El organismo expresó su disposición para cooperar con todos los actores involucrados, en el marco de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos.
Mientras el Gobierno de Noboa asegura que enfrenta actos de “terrorismo” y mantiene una postura firme de no negociar bajo presión, organismos internacionales y misiones diplomáticas han coincidido en destacar que la protesta social es legítima únicamente en el marco pacífico y que la violencia, venga de cualquier parte, amenaza la estabilidad democrática del país.
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