El Congreso de Costa Rica decidió este lunes mantener la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y evitar que sea juzgado durante su mandato por presunto abuso de poder. Se trata de la primera vez que un líder costarricense con mandato vigente enfrenta una solicitud formal de desafuero y es sometido a votación en una sesión especial.
La solicitud para retirar la inmunidad estaba relacionada con una investigación de la Fiscalía, que acusa a Chaves de haber obligado a una empresa a transferir 32.000 dólares a Federico Cruz, amigo y ex asesor de imagen del mandatario. Según el expediente, este pago se habría realizado utilizando fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica mediante procedimientos “aparentemente irregulares”.
Durante la sesión, la votación sobre la remoción de la inmunidad registró 34 votos a favor y 21 en contra, resultado que no alcanzó los 38 sufragios requeridos por la ley costarricense para retirar la protección legal a un presidente en funciones.
“No existen elementos suficientes para proceder a levantar el fuero de inmunidad al presidente Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles”, declaró el titular del Legislativo, Rodrigo Arias, al cierre del debate.
La causa penal abierta por la Fiscalía imputa a Chaves el delito de concusión, que consiste en el abuso del cargo para favorecer a un tercero y conlleva una posible condena de hasta ocho años de prisión. Debido a la decisión del Congreso, el mandatario seguirá contando con protección legal hasta el final de su periodo, que culmina el próximo año.
Los tres integrantes de la comisión especial que analizó previamente el caso expusieron sus posturas ante la Asamblea. Dos de ellos defendieron la remoción de la inmunidad, mientras que uno no respaldó la medida.
La presidenta de la comisión, la legisladora opositora Andrea Álvarez, afirmó que “hay suficientes elementos de carácter técnico que justifican votar sí al levantamiento del fuero”.
También sostuvo que “este gobierno ha amenazado nuestra institucionalidad”, y advirtió sobre el riesgo de deterioro de las bases democráticas si las instituciones no se respetan.
En contraste, el diputado del partido oficialista Daniel Vargas recomendó mantener la protección presidencial.
“La acusación no contiene los elementos suficientes que evidencien causa probable que permita recomendar al plenario legislativo el levantamiento del fuero. No encontré que haya seriedad y consistencia en la pieza acusatoria”, dijo.
Añadió además: “No tengo duda de que la solicitud de levantamiento del fuero que realiza la Fiscalía constituye un instrumento de persecución política en contra de Rodrigo Chaves”.
Desde la vertiente opositora, Álvarez rechazó los señalamientos de persecución, e indicó que el mandatario “no aportó ni una sola prueba” de esa supuesta campaña política en su contra.
La acusación contra Chaves y la solicitud de desafuero emergieron tras el aval otorgado el 1 de julio por la Corte Suprema de Justicia, que autorizó al Congreso a considerar el retiro de inmunidad, un paso inédito en la reciente historia democrática del país. En caso de haber prosperado la remoción, el presidente habría tenido que ser juzgado directamente por el máximo tribunal costarricense.
El mandatario, quien habitualmente lanza críticas públicas contra la Corte Suprema, la Fiscalía, el Congreso y los medios de comunicación por considerarlos opositores a su gestión, optó por no comparecer ante el Plenario para presentar descargos, indicando que no deseaba “darle un barniz de legitimidad” a la moción. Calificó el proceso como “un intento de golpe de Estado judicial” y un “show para deslegitimar a un gobierno al que el pueblo eligió”.
El caso tiene un antecedente directo en el proceso contra el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, acusado por los mismos hechos y que también enfrenta una solicitud de levantamiento de inmunidad. El futuro legal de ambos dependerá de los resultados de procesos judiciales y parlamentarios posteriores.
Analistas consultados consideran que el debate legislativo sienta un precedente relevante en el país. El politólogo Felipe Alpízar observó: “En teoría, cuando el señor Chaves deje la presidencia de la República, tendrá que enfrentar la justicia como un ciudadano cualquiera” por esta causa, mientras que el analista Gustavo Machado expresó: “Como era previsible no se logró amarrar los 38 votos (...). Lo cierto es que el daño a la democracia costarricense está hecho”.
La permanencia de la inmunidad implica que, salvo nuevos cargos o evidencias, Rodrigo Chaves no podrá ser enjuiciado antes del final de su mandato. Para la sociedad costarricense y observadores internacionales, el desenlace representa una prueba de tensión institucional en un país reconocido por su estabilidad democrática.
(Con información de AFP)
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