El lunes 22 de septiembre de 2025, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 difundió el primer reporte oficial sobre el estado de la red vial nacional en el marco de la jornada de paro nacional convocada contra la eliminación de subsidio al diésel. En el documento constan varios tramos totalmente cerrados debido a la presencia de manifestantes, principalmente en las provincias de Imbabura y Pichincha, en el norte de los Andes ecuatorianos. Mientras que la sede temporal del Ejecutivo, en Latacunga, provincia de Cotopaxi está completamente militarizada.
En Imbabura se notificaron cuatro cierres de relevancia. La vía Otavalo–Cotacachi fue bloqueada en ambos sentidos a la altura del partidero de Cotacachi. El tramo Ibarra–Imbaya–Urcuquí quedó interrumpido en el sector de Coñaquí. El eje rural Otavalo–Quiroga fue cerrado en el puente sobre el río Blanco, mientras que la carretera Otavalo–Cajas presentó cierre total en la zona Eugenio Espejo–San Rafael. En todos estos casos, el informe especifica que la causa fue la acción directa de manifestantes que instalaron bloqueos.
En Pichincha también se confirmaron cierres por protestas. La Panamericana Norte, corredor clave para la conexión entre Quito y la Sierra norte, estuvo cerrada en varios puntos: la Bola de Guachalá, Santa María del Milán, Otón y Otoncito. Asimismo, la vía Quito–Guayllabamba se reportó como parcialmente habilitada debido a la presencia de manifestantes en San Miguel del Común. Estos datos muestran que la jornada de movilizaciones afectó desde temprano la circulación en el centro y norte del país.
El resto del reporte del ECU 911 da cuenta de múltiples interrupciones en otras provincias, aunque no relacionadas con el paro nacional. En la Sierra centro y sur, por ejemplo, se registraron cierres y restricciones a causa de deslizamientos, hundimientos o socavones. En Cotopaxi, las carreteras Pujilí–La Maná, Latacunga–Pujilí y Zumbahua–Latacunga se encontraban parcialmente habilitadas por deslizamientos de talud interior y hundimientos en varios kilómetros. En Chimborazo, la vía Riobamba–Cebadas–Macas presentó socavamiento en el sector de Atillo y solo permitía el paso a vehículos pequeños y buses interprovinciales.
En la Costa también hubo novedades, aunque de distinta naturaleza. En El Oro, varias carreteras estaban parcialmente habilitadas o restringidas por deslizamientos de tierra, hundimientos y trabajos de reparación. Entre ellas constaban la vía Balsas–Río Pindo, la carretera Saracay–Balsas y la ruta Piñas–Portovelo, que operaban con paso limitado. En Loja, el informe registraba deslizamientos en tramos como Saraguro–Cuenca, Alamor–Arenillas y la vía Yangana–Valladolid. En todos estos casos, la afectación fue de carácter natural y no relacionada con la protesta .
En la Amazonía, el documento señaló cierres por pérdida de mesa vial o derrumbes. En Napo, el tramo San Luis–túneles de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, a la altura del sector San Marcos, permanecía cerrado. También constaba la vía El Reventador–Y de Baeza, interrumpida por deslizamientos. En Morona Santiago, varios tramos registraban afectaciones parciales por deslizamientos de tierra, entre ellos Limón–Gualaceo y Limón–San Juan Bosco. En Sucumbíos, la vía Lago Agrio–El Reventador presentó socavamiento en varios kilómetros. Estas interrupciones se suman a la lista de problemas viales, aunque en este caso por causas naturales y climáticas.
El telón de fondo de estas movilizaciones está marcado por la decisión del gobierno de Daniel Noboa de eliminar los subsidios al diésel en septiembre de 2025. El Ejecutivo defendió la medida como un paso necesario para corregir desequilibrios fiscales, pero su aplicación elevó de forma inmediata el precio del diésel que pasó de USD 1,80 por galón a USD 2,80 por galón.
Los cierres de septiembre de 2025 evocan episodios similares ocurridos en octubre de 2019 y junio de 2022, cuando el incremento o la reducción parcial de subsidios desencadenó movilizaciones de gran escala en todo el país. En esos precedentes, las carreteras bloqueadas fueron un elemento clave de presión hacia el gobierno, lo que derivó en protestas violentas y posteriores negociaciones tensas y acuerdos temporales.
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