El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador anunció el inicio del proceso para realizar un referéndum nacional en 2025, dejando fuera la pregunta sobre la creación de una Asamblea Constituyente.
El sábado por la mañana, el pleno del CNE sesionó para definir los pasos a seguir después de recibir varias notificaciones oficiales. En la reunión, se revisaron los decretos ejecutivos emitidos por el presidente Noboa, especialmente el 148, que intentaba incluir la pregunta sobre la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió temporalmente dicho decreto tras admitir cinco demandas de inconstitucionalidad.
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Como resultado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ordenó avanzar solo con los decretos 147 y 149, los cuales contienen dos preguntas: una relacionada con la posible presencia de bases militares extranjeras en Ecuador y otra sobre la financiación estatal a organizaciones políticas. Ambos temas sí cuentan con el aval previo de la Corte Constitucional, por lo que el proceso electoral se limitó estrictamente a esas cuestiones.
Durante la sesión participaron Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita, Elena Nájera y José Merino (quien reemplazó temporalmente a José Cabrera).
Según fuentes oficiales consultadas por EFE, la Corte Constitucional tomó su decisión para proteger la democracia y los derechos de participación. A través de un comunicado, el tribunal sostuvo:
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El presidente Daniel Noboa había emitido un decreto el viernes anterior para consultar a la ciudadanía sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Sin el requisito del dictamen previo, el tribunal constitucional suspendió esa iniciativa a las pocas horas.
La Constitución ecuatoriana exige el respaldo de la Corte para cada pregunta de referéndum antes de someterla a consulta. Tras la suspensión, tanto el CNE como el Tribunal Contencioso Electoral recibieron la orden de abstenerse de avanzar con ese trámite presidencial.
La posibilidad de una Asamblea Constituyente representa un eje clave en la discusión política nacional. Desde su campaña, Noboa expresó su respaldo a modificar la carta magna vigente, aprobada entre 2007 y 2017 bajo la presidencia de Rafael Correa.
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La controversia también atrajo la atención de actores internacionales y organizaciones civiles. El subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, llamó al gobierno y al CNE a obedecer la decisión de la Corte y detener cualquier avance sobre la consulta constituyente. A través de la red social X, Pappier recalcó: “La Corte Constitucional de Ecuador ha dictado medidas cautelares suspendiendo el llamado a una consulta popular para convocar una Asamblea Constituyente. El Consejo Nacional Electoral y el presidente Daniel Noboa deben acatar esta decisión”.
El diario El Universo, resalta que el CNE solo incluiría la pregunta sobre la Asamblea Constituyente si la Corte concede el aval necesario, lo que permitiría optimizar recursos y unificar procesos. Hasta no resolverse las demandas de inconstitucionalidad y obtener dicho respaldo, la posibilidad de que la ciudadanía decida sobre una nueva constitución permanecerá en suspenso.
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(Con información de EFE)
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