En un contexto de creciente tensión social y movilizaciones ciudadanas, la Fiscalía General del Estado (FGE) del Ecuador emitió un comunicado este 18 de septiembre de 2025 en el que reiteró su compromiso de actuar con firmeza frente a cualquier conducta que pueda constituir un delito en el marco de las manifestaciones públicas. La institución recordó que si bien el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución, existen límites legales que no pueden ser sobrepasados sin consecuencias penales.
El pronunciamiento de la Fiscalía ocurre en el marco de un paro nacional que ha movilizado a organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos en varias provincias del país, y que ha derivado en bloqueos de vías, enfrentamientos con fuerzas del orden y afectaciones a servicios públicos. En este contexto, la FGE subrayó que los derechos de reunión y manifestación —reconocidos en el artículo 66, numeral 13, de la Constitución de la República— no pueden interpretarse como autorización para vulnerar bienes jurídicos protegidos por la ley penal.
“Estos derechos no amparan conductas que vulneren bienes jurídicos protegidos penalmente”, señala el comunicado oficial. Entre los actos expresamente mencionados por la Fiscalía como fuera del marco de protección constitucional se encuentran el sabotaje, el terrorismo, la paralización de servicios públicos, la destrucción de instalaciones de servicios básicos, el ataque y resistencia a la autoridad, así como la incitación a la discordia entre ciudadanos. Todos estos comportamientos, recalca la institución, constituyen delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La advertencia de la Fiscalía no se limita al señalamiento de conductas sancionables. También establece que, en el marco de sus competencias, actuará “con firmeza para garantizar una respuesta oportuna y eficaz frente a la posible comisión de estos delitos”. Esto implica una activación operativa de sus equipos de investigación y fiscales territoriales para documentar y procesar los casos que se presenten durante las jornadas de protesta.
Sin embargo, el comunicado también incorpora un elemento de equilibrio institucional al recordar que la Fiscalía tiene el deber de investigar no solo a manifestantes o actores sociales, sino también a las instituciones del Estado. La FGE asegura que indagará “hechos que pudieran darse, relacionados con vulneraciones de derechos por parte de las instituciones de control”, y ratifica que toda actuación estatal debe regirse por la ley y los derechos humanos. Esta disposición cobra relevancia en momentos en que se han difundido denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden en ciertos puntos de concentración de manifestantes.
La postura de la Fiscalía se produce en un clima político y social marcado por la polarización, donde distintos actores reclaman acciones más contundentes contra quienes promueven actos de violencia, mientras que otros exigen garantías para ejercer su derecho a la protesta sin criminalización.
Aunque el comunicado no menciona directamente a organizaciones específicas ni hace referencia a casos en curso, su difusión tiene efectos inmediatos en el debate público. Actores políticos de diferentes sectores ya han reaccionado al pronunciamiento, destacando, por un lado, la necesidad de frenar los hechos de violencia y, por otro, la importancia de no estigmatizar la protesta social legítima.
El documento cierra con un recordatorio categórico: todas las actuaciones del Ministerio Público deben ajustarse a la ley y a los tratados internacionales de derechos humanos, principio que rige tanto para la ciudadanía como para las instituciones del Estado.
La Fiscalía General del Estado ha reiterado con este pronunciamiento su doble rol en la coyuntura actual: perseguir delitos de forma oportuna y eficaz, y vigilar que los órganos de control actúen conforme a la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales. En un escenario de alta conflictividad, ese equilibrio será determinante para mantener la legitimidad institucional.
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