Más de 30 organizaciones no gubernamentales y disidentes cubanos solicitaron en una carta a la Unión Europea (UE) que modifique su política hacia la isla. Califican la actual estrategia europea como “ineficaz” y piden que se alinee “con los principios democráticos y los derechos humanos” del bloque.
Entre quienes firmaron el documento están la líder de las Damas de Blanco Berta Soler, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, la intelectual Alina Bárbara López, el integrante de la Asamblea para la Resistencia Cubana Orlando Gutiérrez-Boronat y la responsable de la Red Femenina de Cuba Elena Larrinaga.
La carta fue remitida al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y se suma a la relación entre la UE y Cuba, basada principalmente en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC). Este pacto estructura las relaciones bilaterales y es rechazado por diversos activistas y opositores cubanos.
Según los firmantes, “el ADPC requiere ser revisado de manera sustantiva y sustituido por una política exterior hacia Cuba plenamente alineada con los principios democráticos y de derechos humanos que constituyen la base del proyecto europeo”.
Argumentan que la UE no debe limitarse a “preservar un marco diplomático sin exigir reformas sustantivas” en Cuba en cuanto a democracia, Estado de derecho y derechos humanos, porque esta postura “desconecta a la UE de los ciudadanos cubanos y contribuye a perpetuar la impunidad de los perpetradores”.
Cuestionan los “avances” señalados por el SEAE en una carta anterior, como el incremento del contacto diplomático, el impulso al sector privado y la liberación de algunos presos políticos. Consideran que estos “no constituyen mejoras estructurales”, sino “concesiones tácticas y reversibles” por parte de La Habana.
Expresan que “la sociedad civil independiente” sigue “excluida de todo marco oficial de interlocución” bilateral, mientras en Cuba “el número de presos políticos aumenta y las libertades fundamentales permanecen criminalizadas”.
Proponen un nuevo marco de relaciones basado en una “condicionalidad democrática” verificable, que supervise con mayor “transparencia” el uso de fondos europeos para Cuba, con el objetivo de que beneficien a defensores de derechos humanos, medios no oficiales y organizaciones de la sociedad civil.
Solicitan que la nueva política europea reconozca oficialmente que en Cuba hay “presos políticos”, impulse a la sociedad civil independiente como “actor legítimo e indispensable” e incluya sanciones contra quienes sean responsables de violaciones de derechos humanos.
Destacan que esperan sumar más apoyos en las próximas semanas y afirman que la carta “refleja un consenso amplio y sostenido”, además de ser “una voz plural y representativa” de la sociedad civil cubana.
Entre las personas que también suscribieron la misiva figuran la líder de Ciudadanía y Libertad Carolina Barrero, la directora de Alas Tensas Ileana Álvarez, el presidente de Cuba Siglo 21 Juan Antonio Blanco, la intelectual Jenny Pantoja y las opositoras Sonia Álvarez y Zelandia de la Caridad Pérez.
El ADPC, firmado en 2016, busca impulsar las relaciones comerciales, diplomáticas y de derechos humanos. Sigue siendo objeto de debate dentro de la UE, ya que grupos conservadores en el Parlamento Europeo y algunos estados miembros han cuestionado su eficacia.
La alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, sostuvo en mayo que el acuerdo constituye “la mejor baza de la UE” para promover sus valores e intereses en Cuba, aunque reconoció que hasta ahora “no ha aportado” tanto como se esperaba.
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