Los últimos meses de gestión del presidente boliviano Luis Arce se complican con una segunda denuncia judicial. Brenda L., una alta ex funcionaria pública, lo demandó en reclamo del pago de la asistencia familiar para un hijo que habrían tenido en común hace menos de un año.
Anteriormente lo demandó por abandono de mujer embarazada y su defensa solicitó la realización de un examen de laboratorio para corroborar la paternidad del ex presidente. Según los abogados de la víctima, Arce se presentó a la Fiscalía de Cochabamba donde se lleva el caso y se abstuvo de declarar.
La abogada de Brenda L., Camila Vargas, confirmó en entrevista con la radio Erbol la presentación de la segunda demanda e informó que se reclama un pago de Bs. 8.000 al mes, equivalentes a cerca de 650 dólares al tipo de cambio paralelo. “Hemos presentado la demanda para que el mandatario se haga responsable (…) como cualquier ciudadano tiene que responder y dar los recursos necesarios para su hijo”, afirmó.
La demanda se interpuso en un juzgado de Cochabamba desde donde se notificará al presidente para desarrollar una audiencia de conciliación. En caso de no llegar a un acuerdo, un juez determinará la asistencia familiar para el menor.
La mujer que demanda al presidente reapareció en el escenario público hace un par de semanas, luego de interponer el primer recurso contra Arce. En el memorial presentado, la denunciante relata que comunicó al presidente su embarazo en abril de 2024, tras lo cual éste le pidió mantener el hecho en reserva, debido al contexto electoral de ese año.
Posteriormente, afirma la mujer en su relato, Arce negó ser el padre y se comprometió a someterse a una prueba de paternidad tras el nacimiento. La denunciante señala que a partir de entonces nunca más respondió a sus mensajes ni a los de su entorno.
Sobre la primera denuncia, el presidente se limitó a decir que es un tema personal y que asumirá su defensa legal.
Arce está casado con Lourdes Durán y tiene tres hijos de una relación anterior. Su familia ha mantenido un perfil bajo: Lourdes nunca asumió el rol de primera dama y sus hijos, aunque han estado envueltos en escándalos por presunta corrupción, no han participado en actos públicos durante el mandato de su padre que concluye el próximo 8 de noviembre.
En tanto, la denunciante es una abogada penalista de 32 años que en 2021 fue designada directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por el Ministerio de Minería, cargo al que renunció en mayo de 2022 tras una serie de cuestionamientos sobre su designación, debido a que carecía de experiencia en temas mineros, además de su conducta autoritaria y presuntas irregularidades en el funcionamiento de la entidad.
La AJAM es la entidad que regula y fiscaliza la industria minera en Bolivia, además actuar como instancia jurisdiccional para esa industria. La eficiencia de esta institución genera controversia debido al incremento de la minería ilegal especialmente en zonas auríferas de La Paz, Beni y Pando que se ha convertido en uno de los problemas más complejos del país en los últimos años.
En ese marco y fuera del ámbito sentimental, la denuncia contra el presidente abre el debate sobre las designaciones institucionales en el Estado y sobre si éstas responden a criterios técnicos y legales, o están atravesadas por intereses personales.
Últimas Noticias
La salvadoreña que comenzó limpiando oficinas y ganó un escaño en la Cámara de Delegados de Virginia con casi el 70% de los votos
Llegó a Estados Unidos en 2001 sin inglés ni dinero. Dos décadas después, se convirtió en delegada estatal tras una victoria aplastante en una elección especial por el distrito 20 del norte de Virginia
La primera dama de El Salvador firma un acuerdo con Cambridge para reforzar la educación inicial
El memorándum busca ampliar la cobertura, mejorar la enseñanza y consolidar la estrategia nacional destinada a niños de cero a cinco años, tras los indicadores que revelaron brechas en el sistema
La reforma a la prisión preventiva en Guatemala, detenida entre las dudas constitucionales del Ejecutivo y los límites operativos del Poder Judicial
El debate sobre el Decreto 23-2026 revela las tensiones entre el impulso del Legislativo por reforzar garantías procesales y la fragilidad institucional de un sistema que aún carece de los medios para aplicarlas
48 mujeres privadas de libertad se gradúan del INA y confeccionan más de 6,000 prendas para reclusos de máxima seguridad en Costa Rica
Las participantes recibieron títulos técnicos como parte de un programa que combina capacitación laboral y producción de uniformes para el CACCO, con el objetivo de facilitar su reinserción social.
Quejas por la compra de automóviles nuevos y usados en Panamá suman USD 7.7 millones
El mercado de autos nuevos acumula la mayor cuantía reclamada, según la Autoridad de Protección al Consumidor
