El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que no se presentará ante el Congreso en la sesión que definirá si se le retira la inmunidad para enfrentar un proceso penal por corrupción.
El mandatario calificó la convocatoria parlamentaria como “un espectáculo lamentable” y advirtió que su asistencia equivaldría a legitimar “un intento de golpe de Estado judicial”, según informó la agencia AFP.
La votación sobre su fuero se realizará el lunes, día en el que el plenario del Congreso decidirá si el jefe de Estado puede ser sometido a juicio en tribunales ordinarios.
La sesión tiene como eje la posible remoción de la protección constitucional de Chaves, impulsada por una acusación formal de la Fiscalía General de Costa Rica.
El presidente enfrenta cargos de concusión, figura penal que sanciona el abuso de poderes públicos para beneficiar a terceros y se castiga con hasta ocho años de prisión. Chaves declaró que el proceso “no tiene ni pies ni cabeza” y sostuvo que se trata de una maniobra para deslegitimar a su gobierno elegido en 2022.
Este procedimiento marca un precedente inédito en la historia política costarricense. Según la agencia AP, nunca antes se había debatido levantar el fuero penal a un presidente en funciones. El desafuero requiere al menos 38 votos favorables de los 57 diputados del Congreso unicameral de Costa Rica.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General, Chaves habría presionado al productor audiovisual Christian Bulgarelli para canalizar recursos de un contrato financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a favor de Federico Cruz, exasesor del presidente y colaborador electoral.
El contrato, adjudicado a Bulgarelli en 2022, ascendía a USD 400.000 para servicios de comunicación de la Presidencia. Parte de esos fondos, en específico USD 32.000, habrían sido empleados para saldar la compra de una vivienda a nombre de Cruz, según la acusación oficial.
Según el diario Prensa Latina, a raíz de la controversia, se conformó una comisión especial en el Congreso, integrada por tres diputados y presidida por Andrea Álvarez (Partido Liberación Nacional), junto a Rocío Alfaro (Frente Amplio) y Daniel Vargas (oficialismo).
Por procedimiento, Chaves había sido citado para ejercer su derecho de defensa oral ante el pleno, por un tiempo de hasta 30 minutos, tras lo cual debía retirarse antes del inicio de la deliberación. El proceso judicial se activó oficialmente el 1 de julio, con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia al informe de la Fiscalía y la remisión formal de la solicitud de desafuero al Congreso.
El delito de concusión está tipificado en el artículo 355 del Código Penal y sanciona el uso indebido del poder público para generar ventajas económicas a terceros.
Durante su más reciente comparecencia, recogida por AFP, Chaves afirmó: “No me voy a prestar para darle un barniz de legitimidad al espectáculo lamentable, avergonzado, que ha montado Rodrigo Arias con algunos diputados, el Poder Judicial y otras influencias externas”.
“Es un show para deslegitimar a un gobierno al que el pueblo eligió y hoy apoya en números apabullantes”, agregó.
La decisión de levantar la inmunidad no implica la remoción automática del presidente del cargo, pero abre la vía a un proceso judicial en su contra en tribunales ordinarios.
(Con información de AFP y AP)
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