Los niños de dos y seis años que eran intensamente buscados en Uruguay luego de que su padre los retirara a la fuerza de su hogar fueron encontrados este viernes sin vida.
Según detalló la prensa local, los menores fueron hallados en el arroyo Don Esteban del departamento (provincia) de Río Negro, cercano al de Soriano, donde ocurrió el hecho.
Allí también fue encontrado el cuerpo sin vida del padre, Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien era requerido por la Justicia por “un episodio de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares” y el pasado miércoles había sacado a los niños de la casa.
Este viernes, el Ministerio del Interior informó que dispuso que el Comando de la Dirección de la Policía Nacional se constituyera al frente del equipo operativo en Río Negro.
Las Jefaturas de Policía de tres departamentos, la Dirección Nacional de Aviación Policial, la Dirección de Investigaciones, la Dirección General de Hechos Complejos y la Dirección Nacional de Policía Caminera se encontraban trabajando en el caso, que incluyó a todas las unidades especializadas de la Policía, según consignó la agencia de noticias EFE.
Asimismo, el plantel de perros de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Bomberos y la Prefectura Nacional también trabajaron en la búsqueda, mientras que el Ministerio de Defensa Nacional había puesto el Ejército a disposición para colaborar con la tarea.
Luego de ocurrido el hecho tres días atrás, la madre de los niños publicó un video en sus redes sociales en el que aseguraba que estaba “desesperada” por la situación y pedía la ayuda de la gente para encontrar a sus hijos.
El Gobierno expresó su dolor y llamó a reflexionar
El secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, dijo que el hallazgo de los cuerpos de los dos niños raptados por su progenitor, que estaba requerido por la Policía especializada en violencia de género, duelen, preocupan y “tienen que llevar a una profunda reflexión” nacional.
En el marco de su intervención en un panel de la feria agroindustrial y ganadera Expo Prado, al cual también estaba previsto que asistiera el presidente, Yamandú Orsi, quien canceló su agenda pública del día al conocerse la noticia en señal de duelo, Sánchez dijo que el caso debe interpelar a toda la sociedad.
“Nos tiene que llevar a una profunda reflexión de lo mucho que nos falta por hacer y de que la desprotección a la que están sometidos muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes, nos tiene que comprometer a todos, porque acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde”, lamentó Sánchez.
“Eso nos tiene enormemente preocupados, dolidos y tenemos que transformar esa preocupación y ese dolor en acciones concretas, porque tenemos que revertir esta situación que está sufriendo el país”, insistió el secretario.
En la misma línea se manifestó en el evento la vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, quien aseguró sentir que era su deber “como mujer y madre” no dejar pasar por alto la noticia porque, dijo, “obliga a hacer una reflexión como sociedad” y a “dejar de negar ciertas realidades que requieren una urgente solución”.
Antes, a su vez, se expresó al respecto la vicepresidenta Carolina Cosse, quien transmitió su “angustia” por lo sucedido y afirmó que “da mucho para reflexionar” y para insistir en la necesidad de “fortalecer las instituciones”.
El Ministerio del Interior uruguayo informó este viernes mediante un comunicado “con profundo dolor” el hallazgo de los cuerpos de los niños de seis años y dos años a quien su progenitor, de 28 años y denunciado por violencia de género por su ex pareja, “había raptado de su hogar”, en el departamento de Soriano, el pasado miércoles.
“El hallazgo se produjo en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la Ruta 20, en el departamento de Río Negro, donde fue encontrado el vehículo en el que las víctimas habían sido trasladadas, sumergido en las aguas”, detalla el texto.
Según recogió la prensa local, el caso reavivó en el país el debate sobre la necesidad de implementar ante estas situaciones la denominada “alerta Amber”, basada en un sistema que el país reguló por ley en 2024 y que motivó un convenio con la tecnológica Meta firmado en febrero, pero que todavía no está operativo.
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