Sicario de Fernando Villavicencio declaró ante el FBI que Rafael Correa dio la orden, según la Fiscalía

El caso por el magnicidio de Fernando Villavicencio dio un nuevo giro tras la audiencia de formulación de cargos realizada el 3 de septiembre de 2025. Durante la diligencia, la fiscal Ana Hidalgo presentó un elemento de convicción que encendió la controversia política y judicial en el país: la declaración de uno de los sicarios que participó en el asesinato y que, antes de ser asesinado en la Penitenciaría del Litoral en octubre de 2023, habló con un agente del FBI. Según la versión expuesta por la Fiscalía, este individuo habría afirmado que “el trabajo fue para el señor de arriba” y, al ser consultado por el oficial estadounidense, especificó que se refería al expresidente Rafael Correa.

Este testimonio no llegó a ser parte del juicio contra los autores materiales, pues el sicario fue uno de los seis ejecutados en prisión meses después del crimen. Sin embargo, ahora se incorpora como insumo en la investigación abierta para identificar a los presuntos autores intelectuales.

El asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, cuando era candidato presidencial, sigue siendo un caso de enorme resonancia nacional e internacional. Hasta el momento, once personas han sido señaladas como participantes directos: cinco condenadas y seis que murieron en medio de las indagaciones. Ahora se busca procesar a cuatro sospechosos como los autores intelectuales del magnicidio.

La audiencia estuvo marcada por una tensa confrontación entre la Fiscalía, los abogados defensores y la jueza María Daniela Ayala. La fiscal Hidalgo no solo mencionó la declaración del sicario ante el FBI, sino que también recordó el testimonio de un testigo protegido que, en su momento, aseguró que el asesinato “valía 200.000 dólares y lo hizo el Gobierno de Correa”.

Además, se sumó la versión de Daniel Salcedo, uno de los investigados, quien en junio de 2025 declaró que el narcotraficante Leandro Norero le pidió rastrear los movimientos de Villavicencio. Según Salcedo, la información que recolectaba no era para Norero directamente, sino para Xavier Jordán, señalado como financista, y que José Serrano, ex ministro de Correa ahora detenido en Estados Unidos, y Ronny Aleaga, ex diputado del correísmo protegido por Venezuela, también estaban involucrados.

El relato de Salcedo incluyó detalles sobre reuniones, videollamadas y pagos que, según la Fiscalía, muestran la existencia de una red política y criminal detrás del magnicidio. Aseguró que Aleaga funcionaba como enlace con el movimiento Revolución Ciudadana, que Jordán aportaba el financiamiento y que Serrano facilitaba nexos policiales. Incluso relató que, tras la muerte de Norero, recibió confirmación de que el plan seguía en pie y que “Pepe” Serrano continuaba colaborando. Según sus palabras, “Serrano es el brazo armado de Rafael Correa”.

La jueza Ayala, sin embargo, advirtió a la Fiscalía que debía evitar conjeturas y actuar con pruebas claras. Llamó la atención a la fiscal Hidalgo por referirse a los procesados como sentenciados cuando la instrucción apenas comenzaba. Enfatizó que la investigación no debía convertirse en un “show político” y recalcó que su deber era garantizar objetividad y verdad.

Finalmente, dictó prisión preventiva para Ronny Aleaga, quien salió de Ecuador por pasos irregulares tras iniciarse las indagaciones, y para Daniel Salcedo, que ya permanece recluido por otros procesos. En cambio, para Xavier Jordán y José Serrano se dispuso presentaciones periódicas en el Consulado de Miami.

La revelación del supuesto señalamiento directo contra Rafael Correa eleva la tensión en un proceso ya marcado por acusaciones cruzadas y lecturas políticas. Correa, que reside en Bélgica desde que dejó la presidencia en 2017, no ha sido formalmente vinculado en esta etapa del caso, pero su nombre ha aparecido reiteradamente en testimonios de testigos y colaboradores. El expresidente, en ocasiones anteriores, ha negado cualquier relación con el crimen y ha acusado a la justicia ecuatoriana de persecución política.

Mientras tanto, las hijas de Villavicencio, Amanda y Tamia, anunciaron antes de la audiencia que ingresaron al sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía. También presentaron una denuncia por intimidación contra Xavier Jordán, uno de los procesados. La familia mantiene que el asesinato fue un crimen político que buscaba silenciar la voz de su padre, reconocido por sus investigaciones sobre corrupción y crimen organizado.