La violencia armada en Ecuador continúa con niveles alarmantes. Entre enero y junio de 2025, se documentaron 294 asesinatos de personas menores de 18 años, lo que supone un crecimiento dramático frente a los datos del mismo período en 2024, cuando se registraron 196 casos. Esta evolución representa un salto del 50% en apenas doce meses, según cifras consolidadas por el Ministerio del Interior.
Los asesinatos de menores no ocurren al margen de los conflictos que atraviesan diversos territorios del país. Al contrario, reflejan el grado de deterioro de la seguridad ciudadana en zonas dominadas por redes criminales que disputan el control territorial.
En cantones como Durán, Esmeraldas, Manta o Machala, los entornos urbanos se han convertido en epicentros de violencia, donde los niños y adolescentes quedan atrapados en enfrentamientos armados o expuestos a dinámicas de riesgo permanente.
Del total de víctimas registradas en el primer semestre del año, más del 80 % corresponde a adolescentes de entre 15 y 17 años: un grupo particularmente expuesto al reclutamiento forzado y a la instrumentalización por parte de estructuras delictivas. Se contabilizan 237 asesinatos en este segmento etario. En una escala descendente, se reportaron 35 homicidios entre niños de 10 a 14 años. También se ha documentado la muerte violenta de 16 menores de hasta cuatro años, así como seis casos entre infantes de 5 a 9 años, según datos publicados por Teleamazonas.
Una de las historias que ha conmovido a la opinión pública en las últimas semanas es la de Greiberlis Flores, una niña de 11 años, nacida en Venezuela y radicada con su familia en Guayaquil. El caso publicado por Teleamazonas indica que el 24 de agosto, mientras caminaba junto a su madre y su padrastro hacia un establecimiento comercial, un enfrentamiento armado en el sector suburbano interrumpió el trayecto de la niña. En la huida, Greiberlis fue alcanzada por una bala en el pecho. Su madre también resultó herida. Aunque ambas fueron llevadas de urgencia al hospital Guayaquil, la menor no sobrevivió. Su muerte, además de ilustrar el drama de la niñez migrante, pone en evidencia los riesgos letales que representa hoy el simple acto de circular por determinados barrios del país.
El fenómeno no es nuevo, pero sí muestra una preocupante aceleración. Desde 2021, expertos y organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el uso creciente de menores por parte de grupos criminales para tareas de vigilancia, microtráfico y sicariato. La exposición de los niños a ambientes violentos y el debilitamiento de las estructuras comunitarias agravan la vulnerabilidad.
En este contexto, el Gobierno ha anunciado la creación de un comité especializado para la prevención del reclutamiento forzado de menores. Además, se han planteado reformas legales que incluirían el endurecimiento de penas para quienes involucren a niños en actividades criminales. Sin embargo, diversas organizaciones sociales advierten que las medidas punitivas no abordan el problema de fondo: la ausencia de oportunidades educativas, económicas y de protección efectiva en los territorios más golpeados por la violencia.
El incremento de homicidios infantiles no solo es una tragedia social, sino también una señal del deterioro generalizado del tejido institucional y comunitario. Las escuelas han dejado de ser espacios seguros en muchas zonas, y padres y madres enfrentan el dilema cotidiano de enviar o no a sus hijos a estudiar, temiendo por su vida.
Ecuador fue declarado en conflicto armado interno por el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024, tras el auge de masacres carcelarias, asesinatos selectivos y atentados armados en ciudades costeras y en la capital. En este escenario, los niños se han convertido en víctimas invisibles de una guerra no convencional.
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