La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, y la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, cuestionaron públicamente al gobierno ecuatoriano por sus recientes ataques contra la Corte Constitucional. Las declaraciones se producen luego de que el Ejecutivo, a través de una cadena nacional encabezada por la ministra de Gobierno Zaida Rovira y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, rechazaran la decisión del órgano constitucional de suspender provisionalmente artículos de tres leyes aprobadas bajo el argumento de urgencia económica.
Satterthwaite advirtió que las decisiones judiciales pueden debatirse por vías legales, pero calificó de inaceptable cualquier intento de presión o amenaza. En una serie de mensajes publicados el 6 de agosto, sostuvo que “la independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia”.
La relatora denunció que la ministra de Gobierno “parece haber acusado a la Corte de socavar la democracia y empoderar a grupos criminales”, al calificar la decisión como una amenaza a la seguridad pública y un desafío a la voluntad popular. En su análisis, recordó que, según el derecho internacional y los estándares de derechos humanos, los jueces deben estar libres de represalias, ya que su rol es garantizar el orden constitucional y proteger a las minorías frente a los abusos de poder.
En la misma línea, la directora de HRW para las Américas expresó en la red social X su rechazo a lo que describió como “ataques a la Corte Constitucional por suspender normas que amenazan derechos”. Subrayó que la Corte Constitucional es una institución clave para proteger el Estado de derecho y debe actuar con independencia. “Las autoridades deben respetar y garantizar su labor”, añadió.
Las reacciones de ambas expertas se enmarcan en la creciente tensión institucional que vive Ecuador. El 4 de agosto, la Corte Constitucional informó que sus salas de admisión suspendieron de forma provisional 25 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública. La decisión fue adoptada como parte del proceso de admisibilidad de acciones públicas de inconstitucionalidad, sin que ello implique aún un pronunciamiento de fondo.
El gobierno respondió con dureza. En cadena nacional, Rovira calificó la decisión de la Corte como un acto que dejó “al país sin defensa” y sin respaldo legal en medio de la lucha contra el crimen organizado. Afirmó que la Corte le debe una explicación al país, y anunció el envío de una pregunta para consulta popular que permitiría someter a juicio político a los jueces constitucionales.
En entrevista concedida a Ecuavisa la mañana del 6 de agosto, Rovira redobló sus críticas y sostuvo que los jueces constitucionales “tienen agendas propias” y que “no coinciden con el bienestar de la ciudadanía”. Afirmó que la Corte está actuando de forma política y haciendo una “política contraria” a la del Estado. “Cuando estamos en esta situación de gravedad para el país… se olvidan de las víctimas, se olvidan de la ciudadanía”, declaró. “Para nosotros no es un enemigo político, se pasa a ser un enemigo de la ciudadanía”, insistió.
La ministra sostuvo que el referéndum anunciado por el Ejecutivo no constituye una retaliación política, sino un mecanismo para someter a control político a un órgano que —según dijo— “no tiene ningún tipo de límites” y actúa cuando “le da la gana, según las agendas de los jueces de turno”. Afirmó que, a diferencia de lo que exige la Corte, en el actual contexto “no se pueden aceptar puntos medios o neutrales”.
Las declaraciones han generado preocupación en organismos internacionales, que advierten sobre los riesgos que enfrenta la independencia judicial en contextos de concentración de poder. El uso de una cadena nacional para cuestionar una decisión judicial, acompañado por autoridades uniformadas, ha sido interpretado por analistas y defensores de derechos humanos como un gesto simbólicamente intimidante.
La Corte Constitucional, por su parte, ha reiterado que sus decisiones responden a criterios técnicos y jurídicos, en defensa del orden constitucional y de los derechos fundamentales. Aunque aún no ha emitido una respuesta pública frente a las acusaciones del Ejecutivo, ha indicado que el procedimiento continuará conforme al orden cronológico y las reglas del proceso constitucional.
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