El gobierno de Estados Unidos alertó este jueves a Panamá sobre la creciente injerencia de empresas estatales chinas en el Canal, una infraestructura clave para el comercio mundial.
La advertencia fue emitida por el representante John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino (PCCh), quien calificó de “influencia maligna” los intentos de Beijing por controlar puertos estratégicos en el país centroamericano.
El pronunciamiento llega tras conocerse que conglomerados chinos buscan adquirir concesiones portuarias que actualmente pertenecen a la firma CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong.
En una carta dirigida al ministro de Asuntos Marítimos de Panamá, Luis Roquebert, Moolenaar expresó su “alarma ante la influencia maligna” del régimen de Beijing sobre uno de los corredores comerciales más estratégicos del mundo.
El legislador republicano por Michigan elogió los esfuerzos del presidente panameño José Raúl Mulino para fortalecer los lazos con Estados Unidos y frenar la expansión china en el país, destacando su decisión de salir de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en febrero.
El congresista fue claro en su advertencia: permitir que empresas como China Cosco Shipping, el gigante naviero estatal de Beijing, operen los puertos de Cristóbal y Balboa, representaría “un riesgo inaceptable para la seguridad nacional” de Panamá, de Estados Unidos y del continente. Solicitó que cualquier nuevo operador que asuma las terminales actualmente en manos de Hutchison no esté subordinado al Partido Comunista Chino.
Los puertos panameños están en el centro de una disputa geopolítica cada vez más tensa. CK Hutchison acordó en marzo un principio de venta de más de 40 terminales en el mundo —incluidos los dos en el canal— a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC) por unos 23.000 millones de dólares. Pero la operación aún no se ha concretado. Obstáculos legales, objeciones constitucionales y el peso de las tensiones entre Washington y Beijing han ralentizado las negociaciones.
China ha dejado en claro que no permitirá la transacción si su empresa Cosco queda fuera del acuerdo. Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, el régimen de Xi Jinping exige que Cosco tenga un lugar como socio con igual participación junto a BlackRock y MSC. De no concretarse esa inclusión, Beijing amenaza con bloquear la transferencia completa de los activos portuarios de Hutchison, como ya hizo en 2014 cuando frustró una alianza entre navieras occidentales que percibía como perjudicial.
El Ministerio de Comercio chino ha utilizado en el pasado mecanismos de revisión antimonopolio para frenar fusiones internacionales por razones de interés nacional. La venta de puertos -varios de ellos ubicados en enclaves estratégicos como el canal- se ha convertido así en una herramienta más del conflicto sistémico entre Estados Unidos y China por el control de infraestructuras críticas.
En Panamá, la situación se complica aún más. La Corte Suprema está evaluando la validez constitucional de la concesión de 1997 que otorgó a Hutchison los derechos para operar los puertos. Un informe de la Contraloría General cuestionó la legalidad del acuerdo, denunció que el Estado habría perdido más de 1.300 millones de dólares y adelantó posibles acciones penales contra exfuncionarios por negociar en contra del interés nacional.
Además de las pérdidas económicas, la concesión original otorgaba a Hutchison derechos de desarrollo exclusivo y poder de veto sobre proyectos de infraestructura en áreas clave del canal, un punto que ha generado críticas por considerarse una cesión de soberanía. La procuradora general de Panamá coincidió con estas objeciones, señalando que el contrato creó un monopolio injustificado y vulneró principios constitucionales.
Mientras tanto, Estados Unidos intensifica su presión diplomática y militar en la región. En mayo, el secretario de Estado Marco Rubio visitó Panamá y respaldó la postura del gobierno de Mulino. Washington también ha llevado a cabo ejercicios militares en el canal, en paralelo al avance de las negociaciones portuarias.
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