Costa Rica desmanteló una red de trata vinculada al Tren de Aragua

En una operación coordinada, las autoridades costarricenses lograron desarticular una red de trata de personas vinculada al Tren de Aragua, la peligrosa megabanda venezolana. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía realizaron siete allanamientos simultáneos en hoteles y viviendas de San José, Alajuela y Jacó, culminando con la detención de 10 personas acusadas de explotación sexual de mujeres provenientes de Venezuela.

El modus operandi emergió como una falsa oferta de trabajo. La red prometía puestos como “generadoras de contenido”, ofrecidos a través de plataformas en línea, para luego someter a las mujeres a prostitución forzada. Según el OIJ, las víctimas quedaron incomunicadas, sin sus teléfonos, y con una deuda estimada entre 3.000 y 5.000 dólares, que debían saldar mediante servicios sexuales.

Los pagos incluían trámites migratorios, alojamiento y alimentación. Cualquier incumplimiento con las reglas imponía multas diarias por infracciones menores, método coercitivo que impedía a las víctimas escapar.

Aunque las autoridades aún no han confirmado cifras oficiales, medios locales reportan el rescate de cerca de 90 mujeres, algunas embarazadas o con niños pequeños, en condiciones de encierro durante la operación.

De los detenidos, ocho son venezolanos, un ecuatoriano y una nicaragüense adheridos a la estructura criminal, que replicaba el modelo operativo del Tren de Aragua, con ramificaciones en varios países sudamericanos.

El OIJ decomisó durante los allanamientos celulares, discos duros, equipos informáticos, armas de fuego, dos vehículos, una motocicleta y dinero en efectivo.

Desde su origen en la prisión de Tocorón, el Tren de Aragua se ha expandido como una organización criminal transnacional vinculada a delitos como el secuestro, la trata de personas, el narcotráfico y la extorsión.

Su expansión regional comenzó a acelerarse a partir de 2018, cuando millones de venezolanos huyeron del país en medio de una crisis humanitaria, económica y política sin precedentes. Aprovechando ese flujo migratorio masivo, la organización desplegó células en países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y ahora también Costa Rica, donde replicó estructuras criminales destinadas a explotar a migrantes en situación de vulnerabilidad.

En febrero, la administración de Donald Trump lo clasificó oficialmente como “organización terrorista extranjera” y lo vinculó a una amenaza transnacional. En abril, Estados Unidos imputó por primera vez a un miembro de alto rango por cargos de terrorismo y tráfico de drogas, destacando así la gravedad de la amenaza.

El Tren de Aragua también ha sido asociado con el homicidio de dos venezolanos en un bar del centro de San José, ocurrido el 20 de noviembre de 2024. Las investigaciones apuntan a disputas internas por el control de redes de trata sexual.

En Perú y Chile, operaciones policiales han expuesto células vinculadas a este grupo implicadas en trata de personas, tráfico de migrantes y homicidios. En Perú, se rescató a 84 víctimas en 2022; en Chile, se decomisaron armas y se condenó a cabecillas a penas perpetuas.

Diversos analistas subrayan que, aunque su implantación en Estados Unidos es reducida (estiman “solo unos cientos” de miembros entre más de 800.000 migrantes venezolanos), su estructura transnacional y métodos violentos le han ganado notoriedad.

En Costa Rica, la intervención revela que la criminalidad no solo viaja con las rutas migratorias, sino que se reproduce en destino. La colaboración entre Fiscalía, OIJ y secciones especializadas —violencia de género, homicidios y trata de personas— demuestra un enfoque integral que logra interrupciones efectivas de redes ilícitas.