Activistas nicaragüenses en el exilio exigieron información sobre la periodista Fabiola Tercero, desaparecida hace un año por el régimen de Ortega

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, con sede en Costa Rica y conformado por activistas nicaragüenses en el exilio, solicitó este sábado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo información sobre el paradero de la periodista y comunicadora feminista Fabiola Tercero Castro, detenida hace un año tras un operativo policial en su domicilio en Managua. La denuncia fue presentada en una declaración pública leída por la activista Wendy Quintero.

El Colectivo señaló que la desaparición de Tercero “no es un hecho aislado”, sino que se inscribe en un “patrón sistemático de represión, criminalización del periodismo y ataques a la libertad de expresión en Nicaragua”. Según la organización, desde julio de 2024, cuando la periodista fue vista por última vez tras un allanamiento policial, las autoridades del país han guardado silencio absoluto sobre su situación.

Tercero, promotora cultural y creadora del proyecto “El Rincón de Fabi” en 2017, trabajaba en la promoción de la lectura a través de métodos como el trueque y la rifa de libros, buscando atraer nuevos lectores en Nicaragua. Su desaparición fue reportada el 12 de julio de 2024.

“Exigimos verdad y justicia. Exigimos la aparición con vida y la libertad de Fabiola Tercero”, declaró el colectivo defensor de los derechos humanos en Nicaragua.

Cifras presentadas por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) indican que al menos 293 trabajadores de medios nicaragüenses han abandonado el país o han sido desterrados desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018. Entre 2018 y 2023, 54 medios de comunicación han cerrado, entre ellos cinco cuyas instalaciones fueron allanadas y sus propiedades confiscadas. Entre los medios afectados figuran La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y La Trinchera de la Noticia.

La crisis en Nicaragua se intensificó después de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, cuando Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato consecutivo, el cuarto junto a su esposa Rosario Murillo en la vicepresidencia. El proceso electoral estuvo marcado por el encarcelamiento o exilio de los principales opositores.

Desapariciones forzadas y patrón de represión

El Mecanismo para el Reconocimiento de los Presos Políticos documentó hasta junio de 2025 al menos 15 casos de detenciones arbitrarias que derivaron en desapariciones forzadas, de las cuales 14 continúan sin información pública sobre el paradero de los detenidos. Los familiares y organismos internacionales señalan que la mayor parte de estas víctimas han sido “borradas” del sistema carcelario, sin acceso a juicio, visitas o confirmación oficial de su ubicación.

Entre las personas desaparecidas se encuentra el ex diputado indígena Brooklyn Rivera, quien lleva 652 días en paradero desconocido sin cargos formales. Otros casos documentados incluyen ex militares como Douglas Gamaliel Álvarez Morales, detenidos y mantenidos en condiciones de aislamiento extremo, y figuras vinculadas a la oposición política, pequeños empresarios o líderes sociales, como Eveling Carolina Matus Hernández, arrestada por expresar apoyo al obispo exiliado Silvio José Báez en redes sociales.

Las detenciones presentan elementos comunes: operativos nocturnos, incomunicación total y negativa estatal a proporcionar información. La ONG señala que las cárceles niegan la custodia o deslindan la responsabilidad y el Gobierno mantiene el silencio como política. Este patrón, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), configura la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y estrategia deliberada para reprimir la disidencia.

Familias y abogados que buscan información reportan que las autoridades no permiten visitas ni revelan datos sobre los detenidos. En algunos casos, los afectados son trasladados entre distintos centros penitenciarios, lo que agrava el aislamiento y la incertidumbre sobre su situación legal y física.

Un reciente informe del Mecanismo de Reconocimiento de Presos Políticos advierte que la cifra de desaparecidos podría ser mayor, ya que muchos familiares optan por no denunciar la situación por temor a represalias. Como resultado, la práctica de la desaparición forzada se ha consolidado como una de las herramientas de represión utilizadas por el Estado nicaragüense contra voces críticas, periodistas y figuras opositoras.

La detención de Fabiola Tercero Castro y la situación de los otros 13 desaparecidos reflejan las denuncias de la comunidad internacional y ponen de relieve el persistente uso de la desaparición forzada en el contexto de la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua.

(Con información de EFE)