El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia como “vergüenza nacional”, en respuesta a la decisión del tribunal de solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su fuero para que pueda ser procesado por presunta corrupción. Chaves realizó estas declaraciones durante su conferencia de prensa semanal, en medio de un agudo enfrentamiento institucional entre los poderes Ejecutivo y Judicial costarricenses.
La polémica se originó el martes, cuando la Corte Plena, integrada por los magistrados del máximo tribunal, aprobó con 15 votos a favor y siete en contra elevar al Congreso la petición para retirar la inmunidad judicial del mandatario. El objetivo es permitir su investigación judicial tras la acusación presentada por la Fiscalía General de la República el 7 de abril por el presunto delito de concusión en la contratación de servicios de comunicación durante su administración, según detalla el expediente remitido al órgano legislativo.
El fiscal general Carlo Díaz responsabiliza a Chaves de ordenar a una empresa contratista de la Presidencia el pago de 32.000 dólares a su amigo y ex asesor de imagen, Federico Cruz, a cambio de un contrato sufragado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por aproximadamente 405.000 dólares. El delito de concusión, según la legislación costarricense, conlleva penas de dos a ocho años de prisión para funcionarios públicos.
En su comparecencia pública, Chaves expresó: “La Corte sigue destruyendo la poca credibilidad que tiene, sigue construyéndose en una vergüenza nacional”. Añadió: “Toda democracia necesita un poder judicial que defienda la justicia y no los intereses oscuros de unos pocos”. Aludiendo a la decisión del tribunal, afirmó: “Ni la Corte ni el fiscal buscan justicia... lo que buscan es sacarse un clavo, un clavo que yo estoy orgullosísimo de haber clavado”, refiriéndose a la exposición de lo que describe como privilegios “en contubernio con la cúpula del Poder Judicial”.
La investigación señala que la empresa RMC La Productora S.A., dirigida por el comunicador Cristian Bulgarelli, habría sido la beneficiaria de un contrato presuntamente diseñado a medida, tras reuniones sostenidas en Casa Presidencial para la elaboración de los términos de referencia. Según la Fiscalía, Bulgarelli fue inducido a transferir un “beneficio patrimonial indebido” a Federico Cruz, por valor de 32.000 dólares. Cruz enfrenta un proceso penal aparte, ya que no ostenta cargo oficial en los supremos poderes.
El caso también involucra al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, anteriormente jefe de despacho de la Presidencia durante los hechos investigados. La Corte solicitó igualmente levantar su inmunidad para que sea juzgado por el mismo expediente.
En junio de 2024, el BCIE anunció una sanción de siete años a Bulgarelli y su empresa, tras aceptar haber redactado los términos contractuales en coordinación con una ex funcionaria del Ministerio de Comunicación. Dichas prácticas fueron calificadas como fraude y colusión por el ente financiero multilateral.
La investigación se inició tras publicaciones del diario La Nación en diciembre de 2023, basadas en audios entregados por la ex ministra de Comunicación Patricia Navarro, quien declaró haber grabado las conversaciones “para documentar hechos que podrían ir contra la ley o la ética”. El Gobierno, por su parte, atribuye la responsabilidad a Navarro y presentó denuncias penales contra ella y contra La Nación por la difusión de los audios, asegurando que su obtención y divulgación sería ilegal.
La Asamblea Legislativa tiene ahora la responsabilidad de decidir, en un plazo aún no definido, si retira la inmunidad presidencial para permitir que continúe el proceso judicial.
(Con información de AFP y EFE)
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