Alrededor de 300 adolescentes admitieron pertenecer a bandas criminales en Ecuador

Un estudio sobre la vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) a organizaciones criminales en Ecuador reveló un dato alarmante: de los casi 3.000 adolescentes encuestados entre 12 y 17 años en nueve ciudades de la región Costa, alrededor de 300 menores afirmaron pertenecer a una banda delictiva. El dato proviene de una encuesta aplicada en noviembre de 2024 y representa el 8,1 % del total de participantes, según detalla el informe elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), con financiamiento de INL Ecuador.

El estudio advierte que este fenómeno debe analizarse desde múltiples dimensiones: sociales, familiares, educativas y territoriales. Aunque la legislación ecuatoriana tipifica el “reclutamiento” de menores como un delito grave, el informe sostiene que muchos adolescentes ingresan a las bandas no por coerción, sino por decisión propia.

Si bien se identificaron casos de reclutamiento bajo amenaza en la ciudad de Durán, la mayoría de los adolescentes manifestó haber ingresado impulsados por razones como la necesidad económica, la búsqueda de protección, el sentido de pertenencia, el respeto social o la emulación de amigos o familiares ya involucrados.

En ciudades como Esmeraldas y Babahoyo, la tasa de adolescentes que dicen pertenecer a una banda supera el promedio nacional. En Esmeraldas, por ejemplo, el 11% de los varones encuestados y el 7,8 % de las mujeres reconocieron estar vinculados. Por contraste, en Portoviejo ninguna mujer reportó participación, aunque el informe señala que estos datos podrían estar condicionados por el miedo, la estigmatización o el deseo de proteger su entorno familiar.

A estos hallazgos se suma otro dato inquietante: el 27,6% de los adolescentes aseguró conocer a alguien que forma parte de una banda criminal, y el 13,6% indicó que algún miembro de su familia pertenece a una organización delictiva. Esta cercanía con estructuras criminales muestra cuán naturalizada está la presencia de estos grupos en ciertas comunidades.

La encuesta también midió la percepción de presencia de bandas criminales en los barrios. El 51,1% de los adolescentes afirmó saber que existen grupos delictivos en su sector. En ciudades como Santa Elena y Durán, ese porcentaje supera el 75%. Aunque no se observaron diferencias sustanciales por sexo, sí hubo una correlación entre la edad de los encuestados y su grado de conocimiento sobre las bandas.

El estudio también documenta cómo el entorno familiar y escolar influye en la vinculación de los adolescentes a estos grupos. Si bien el 90% de los encuestados vive con su madre, solo el 66% convive con su padre. Además, el nivel de satisfacción con el barrio, la escuela o el hogar fue bajo en varias ciudades. En Durán, por ejemplo, el 39,2% de los adolescentes manifestó insatisfacción con su entorno barrial. En ciudades como Guayaquil, Manta y Portoviejo también se registraron altos niveles de insatisfacción en relación con la escuela, en parte por la inseguridad y la presencia de grupos violentos en los alrededores.

En cuanto a las mujeres adolescentes, el informe revela que una de cada diez en Esmeraldas reconoció haber participado como campanera o haber prestado servicios sexuales para alguna banda criminal. En otras ciudades, como Durán o Guayaquil, estos porcentajes fueron más bajos, pero igualmente significativos. Además, se identificaron patrones diferenciados de captación: mientras que bandas como Los Choneros o Los Lobos utilizan el ofrecimiento de recompensas, otras como los Tiguerones o los Chone Killers recurren con mayor frecuencia a la presión social y la emulación de conductas.

El informe también advierte que, si bien se han judicializado algunos casos bajo los artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) relacionados con trata de personas o delincuencia organizada, solo 33 casos han sido procesados entre 2021 y octubre de 2024. El 54,5% de estos casos se concentran en la provincia de Guayas. Esta cifra refleja, según los autores del estudio, la alta invisibilización del fenómeno en el sistema penal ecuatoriano.

Los autores insisten en que la respuesta del Estado no debe centrarse únicamente en la represión. Aunque la violencia asociada al crimen organizado ha crecido de forma exponencial desde 2019, especialmente tras la crisis penitenciaria, el enfoque exclusivamente punitivo no resuelve las causas estructurales que empujan a los adolescentes hacia estas redes. La falta de oportunidades, la deserción escolar, la pobreza y la ausencia del Estado en comunidades enteras han dejado espacio para que las bandas llenen ese vacío con reglas propias.

El documento concluye que enfrentar la vinculación de menores al crimen organizado requiere políticas públicas integrales que fortalezcan los entornos protectores —familia, escuela y comunidad— y aborden las raíces de la exclusión social. Solo así podrá evitarse que más niños y adolescentes sean absorbidos por estructuras delictivas que hoy operan con creciente legitimidad en los barrios más vulnerables del país.