La Fiscalía General de Costa Rica presentó una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves por presunta participación en delitos de financiamiento político ilícito, derivados de su campaña electoral de 2022.
La denuncia se dirige también contra otros seis altos funcionarios, entre ellos el vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André y cuatro diputados oficialistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD): Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero. La fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia el levantamiento del fuero constitucional para llevar a juicio a los siete imputados.
El núcleo de la acusación radica en el uso de estructuras de financiamiento paralelas que operaron fuera de los mecanismos de control establecidos por el Código Electoral costarricense. Según el Ministerio Público, se utilizaron tanto un fideicomiso privado como cuentas bancarias personales —entre ellas la de una mujer de apellido Agüero, que enfrenta un proceso penal independiente— para financiar de manera encubierta la campaña que llevó a Chaves a la presidencia. Estos mecanismos, según la fiscalía, eludieron la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político, violando los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento electoral en el país.
La acusación se presenta en un contexto de creciente tensión entre los poderes del Estado. Desde que asumió el cargo, Chaves ha mantenido un discurso confrontativo contra el Congreso, la Corte Suprema y la propia fiscalía, a quienes acusa de obstruir su agenda de reformas. Por su parte, líderes de estos órganos han advertido sobre lo que consideran tendencias autoritarias en la gestión del presidente.
Este no es el único proceso judicial que enfrenta el mandatario. El pasado 7 de abril, la fiscalía ya había presentado otra acusación ante la Corte Suprema por supuesto abuso de poder. En ese caso, se le imputa haber favorecido a un ex colaborador mediante recursos provenientes de un contrato financiado con fondos internacionales. La Corte aún no ha decidido si admite ese expediente.
La nueva acusación por financiamiento electoral ilegal podría implicar penas de entre dos y cuatro años de prisión, siempre que los magistrados del alto tribunal decidan elevar la causa a juicio tras el levantamiento de la inmunidad. Para ello, la Corte deberá remitir el caso a la Asamblea Legislativa, que deberá votar la remoción del fuero de los acusados, un proceso que podría tensar aún más el ya delicado equilibrio institucional.
Hasta ahora, el gobierno de Chaves no ha emitido comentarios sobre la acusación. El presidente, de 64 años y economista de formación, ha basado su liderazgo en una imagen de mano dura y lucha contra lo que denomina “los poderes tradicionales”. Ex funcionario del Banco Mundial, no puede reelegirse en 2026, pero ha dejado abierta la posibilidad de competir por una banca legislativa. Su entorno, mientras tanto, ya proyecta una mayoría calificada en el Congreso como meta electoral para profundizar sus reformas.
Las próximas elecciones generales en Costa Rica están previstas para febrero de 2026.
(Con información de AP y AFP)
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