El gobierno de Bolivia denunció este jueves que el narcotráfico ha tomado parte activa en las protestas que desde hace más de diez días bloquean rutas estratégicas en el país y que el miércoles dejaron un saldo de cuatro policías muertos y al menos 19 heridos. Las movilizaciones, organizadas por seguidores del ex mandatario Evo Morales, exigen que se anule el fallo judicial que lo inhabilitó como candidato a las elecciones presidenciales previstas para el 17 de agosto.
“Esta no es una protesta. En el caso de Llallagua está vinculado al narcotráfico, a móviles políticos y se ha usado francotiradores. Ha sido un ataque organizado y planificado”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, en una conferencia de prensa en esa ciudad del sur boliviano, aislada desde hace tres días por las manifestaciones.
Aguilera detalló que uno de los agentes murió por un disparo de arma larga, otro fue herido de bala, y dos más perdieron la vida tras recibir una “golpiza brutal”. Un cuarto policía falleció en Cochabamba a causa de una explosión de dinamita en otro punto de bloqueo.
Los fallecidos fueron identificados como los subtenientes Jorge Barrozo Rodríguez y Carlos Apata, y el sargento Alberto Mamani. El caso del cuarto agente continúa bajo investigación. De acuerdo con el vocero policial Limber Choque, Apata fue hallado sin vida cerca de un río, con signos de una agresión extrema. “La policía sólo utilizó gases lacrimógenos, no equipo letal”, aseguró. En tanto, el capitán Dainor Miranda permanece en terapia intensiva tras recibir un disparo.
Las escenas registradas en Llallagua muestran una escalada inusitada de violencia. En imágenes difundidas por Bolivia TV, se observa cómo manifestantes golpean con piedras a grupos de policías y les arrebatan sus equipos. Más de 30 personas han resultado heridas en los choques, incluyendo civiles. Según autoridades locales, parte de los vecinos de la ciudad intentaron despejar las rutas por sí mismos ante la falta de alimentos, lo que provocó nuevos enfrentamientos.
El presidente Luis Arce anunció que los operativos de seguridad continuarán “hasta lograr el objetivo que se ha planteado el Gobierno nacional, de darle carreteras expeditas al pueblo boliviano”. En una conferencia de prensa, afirmó que los bloqueos y actos violentos “tienen como único objetivo derrocar al gobierno nacional” y ordenó despejar toda la ruta que conecta la región de Cochabamba, vital para el tránsito de mercancías entre el occidente y el oriente del país.
Las protestas comenzaron tras un fallo del Tribunal Constitucional que impide a Evo Morales postularse nuevamente a la presidencia. El ex mandatario, que gobernó entre 2006 y 2019, calificó la decisión como un acto de persecución política. Desde su residencia en el Chapare, región donde se refugia desde octubre por una causa judicial por presunto abuso a una menor, Morales denunció en redes sociales que se está “criminalizando una protesta social, legítima y justa”. “No se combate el hambre con bala, no se responde a la pobreza con represión y no se defiende la democracia proscribiendo a líderes o partidos”, escribió en su cuenta de X.
En una entrevista radial, Morales advirtió: “No nos vamos a rendir... A este paso este movimiento es imparable”. También sostuvo que los operativos policiales sólo provocarán “mayor sublevación del pueblo boliviano”. El gobierno ha presentado una denuncia penal en su contra por incitación a la violencia y ha detenido a cinco dirigentes cercanos a su entorno, que amenazaron con intensificar las protestas si no se registra la candidatura del ex mandatario.
El impacto económico y social del conflicto comienza a sentirse con fuerza. Los cortes han provocado pérdidas superiores a los 100 millones de dólares y generado una crisis de abastecimiento. En La Paz, largas filas se multiplican en los mercados. “Comprar un pollo es como recibir un trofeo”, relató Marta Muñoz, de 73 años, tras esperar cinco horas en un mercado callejero. La comerciante Juana Quispe señaló que recibe apenas el 40% del volumen de mercadería habitual y que los precios han subido un 20%.
A medida que se profundiza el enfrentamiento entre el presidente Arce y Evo Morales, ex aliados políticos enfrentados por el control del Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia atraviesa una de las peores crisis internas desde la caída del propio Morales en 2019.
(Con información de AP)
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