La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) instó este lunes a las autoridades venezolanas a ofrecer “información oficial” sobre la “situación legal” del abogado y activista Eduardo Torres, detenido hace un mes cuando se dirigía a su residencia en Caracas.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Provea exigió al Ministerio Público y al Ministerio de Interior y Justicia que garanticen, en el caso de Torres, el “acceso inmediato a defensa privada”, “visitas familiares regulares” y el “respeto a sus derechos fundamentales”.
La ONG aseguró que Torres, integrante de su equipo legal, permanece recluido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas. Además, recordó que el activista es “trabajador de la Universidad Central de Venezuela, sindicalista y estudiante de postgrado”, subrayando así su importancia profesional y académica.
Provea consideró que “criminalizar” a Torres “por su labor” es “una política de persecución contra quienes alzan la voz en Venezuela”.
“Sigue en El Helicoide (...) incomunicado y sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza”, afirmó Provea en X, la semana pasada. La ONG reiteró que Torres es “beneficiario de medidas cautelares de protección” otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las “amenazas y actos de hostigamiento” que ha “sufrido” por su oficio.
Provea consideró que las autoridades venezolanas “están obligadas” a garantizar el respeto a los derechos del abogado, no solo “a la defensa y al debido proceso”, sino también a la “integridad personal”.
El pasado 13 de mayo, el fiscal general Tarek William Saab confirmó la detención del abogado, señalando que esta presuntamente vinculado a una trama destinada a “generar violencia” durante las elecciones regionales y legislativas celebradas el 25 de mayo. Tres días antes de este anuncio, Provea había denunciado que se desconocía el paradero de Torres.
Según el régimen de Nicolás Maduro, más de 70 personas, incluidos algunos ciudadanos extranjeros, han sido arrestadas bajo acusaciones de intentar sabotear la jornada electoral, en la que se eligieron gobernadores, legisladores regionales y diputados a la Asamblea Nacional.
Posteriormente, tras la celebración de los comicios, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, declaró que varias organizaciones no gubernamentales —entre ellas Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible— estarían presuntamente relacionadas con una “estructura terrorista”, de acuerdo con “pruebas” que, aseguró, fueron halladas en uno de los tres teléfonos móviles confiscados al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido el 23 de mayo y señalado por Cabello como el “jefe de esta red”.
(Con información de EFE)
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