Semana clave en Bolivia: la Justicia debe fallar sobre las candidaturas para las elecciones presidenciales

Este lunes arranca una semana decisiva para el escenario político en Bolivia. Luego de que el 19 de mayo se inscribieron los candidatos para las elecciones generales de agosto, al menos diez demandas fueron interpuestas ante la Justicia y el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de anular la personería jurídica de varios frentes.

Hay diez partidos inscritos para disputar las elecciones convocadas para el 17 de agosto y al menos ocho están en riesgo de ser anulados o inhabilitados por acciones legales. Uno de los partidos que enfrenta varios procesos es el Movimiento Tercer Sistema (MTS) que es parte de la Alianza Popular que presentó como candidato al actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien fue considerado por muchos el hijo político del ex presidente Evo Morales (2006-2019), con quien está distanciado actualmente. Rodríguez lidera las encuestas de intención de voto, por lo que su inhabilitación puede ser determinante en la contienda electoral.

También los frentes Movimiento de Renovación Nacional (Morena), de la ex presidenta del Senado, Eva Copa, y Súmate, del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, corren riesgo por una acción popular. El vocal electoral Francisco Vargas informó que también hay acciones contra el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unión Cívica Solidaridad (UCS) y otros. Las causas van desde cuestiones administrativas, como el cumplimiento de plazos para la obtención de personería jurídica hasta la supuesta falsificación de firmas de recibos de transacciones financieras.

Según la prensa local, el único partido que no está en peligro es el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) que presentó como candidato al ex ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo Del Castillo, uno de los hombres de confianza del presidente Luis Arce. Contra el MAS se presentó inicialmente una denuncia que fue desestimada horas después.

Este martes está previsto que una sala constitucional del departamento de Beni (norte) resuelva una de las causas contra el MTS y otras fallarán respecto a las otras demandas, lo que provoca tensión en el ambiente político por la judicialización de las elecciones hasta que se conozca finalmente la lista de candidatos habilitados por el Órgano Electoral el 6 de junio.

Mientras la Justicia dirime los casos, el TSE pidió a los jueces constitucionales que actúen “en apego de la Constitución Política del Estado” y que respeten sus competencias, luego de que las últimas elecciones judiciales se postergaran por más de un año y se celebraran de manera parcial debido a recursos jurídicos que entorpecieron el proceso.

Con ese antecedente, los vocales electorales enviaron un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para “blindar” el proceso electoral a través de una norma que especifique el alcance del principio de preclusión establecido en las leyes bolivianas, para garantizar que bajo ninguna circunstancia las elecciones se posterguen, suspendan o anulen parcialmente. El proyecto está pendiente de aprobación en el Senado.

“Nos preocupa esta judicialización (de las elecciones), por eso es imperativo que la Asamblea Legislativa apruebe la ley de preclusión electoral”, manifestó el vocal electoral, Tahuichi Tahuichi, en una entrevista con radio Compañera. Aunque la ley electoral establece que ninguna fase del proceso electoral puede anularse o repetirse, la Constitución Política del Estado señala que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio. “Aunque nos duela, hay que acatar”, agregó Tahuichi.

Las elecciones generales se realizarán el 17 de agosto y más de siete millones de bolivianos votarán para elegir presidente, vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados. El 19 de mayo se presentaron 10 binomios liderados por el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), el senador Andrónico Rodríguez, la ex presidenta del Senado Eva Copa, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, el empresario Samuel Doria Medina, el diputado Rodrigo Paz, el economista Jaime Dunn, el ex ministro Eduardo del Castillo, el alcalde de Santas Cruz, Jhonny Fernández y el empresario Paulo Rodríguez Folster.