La Corte Suprema de Brasil aceptó las denuncias contra nueve militares y un policía acusados de planificar el asesinato de Lula da Silva

Los investigadores creen que tuvieron como objetivo matar al mandatario tras su victoria en los comicios de octubre de 2022, como parte de una trama para mantener en el poder a Jair Bolsonaro

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El presidente brasileño, Lula da Silva (Tingshu Wang/Pool Photo via AP)
El presidente brasileño, Lula da Silva (Tingshu Wang/Pool Photo via AP)

La Corte Suprema de Brasil aceptó este martes las denuncias contra nueve militares y un policía acusados de planificar el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades en el marco de una conspiración golpista atribuida al ex mandatario Jair Bolsonaro.

Los imputados habrían planeado asesinar a Lula tras su victoria en los comicios de octubre de 2022, como parte de una trama para mantener en el poder a Bolsonaro, derrotado en su intento de reelección, según la denuncia presentada por la Fiscalía General, que actúa como parte acusadora en el proceso.

El plan también incluía el asesinato del entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y del magistrado Alexandre de Moraes, en la época jefe del Tribunal Electoral y hoy instructor del proceso sobre la trama golpista en la Primera Sala de la Corte Suprema.

Por esa trama, la Fiscalía acusó a dos generales, tres coroneles, seis tenientes coroneles, todos ya en la reserva y en su mayoría antiguos miembros de un comando del Ejército conocido como “Kids Pretos” (chicos negros), una fuerza de elite entrenada para operaciones especiales.

No obstante, no se aceptaron las denuncias contra dos de ellos, el general Nilton Diniz Rodrigues y el teniente coronel Cleverson Magalhães, sobre quienes la Primera Sala del Supremo consideró de forma unánime que no existen pruebas suficientes.

El plan también incluía el asesinato del entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y del magistrado Alexandre de Moraes (foto) (AP Foto/Gustavo Moreno/Archivo)
El plan también incluía el asesinato del entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y del magistrado Alexandre de Moraes (foto) (AP Foto/Gustavo Moreno/Archivo)

Un magnicidio preparado para el 15 de diciembre de 2022

Las investigaciones sobre la conspiración golpista, que según la Fiscalía dirigió el propio Bolsonaro, condujeron a ese grupo que se habría propuesto consumar los asesinatos el 15 de diciembre de 2022, dos semanas antes de la investidura de Lula.

De acuerdo con la Policía Federal, encargada de la investigación, el propio Bolsonaro tenía “pleno conocimiento” del plan, algo que el líder de la ultraderecha ha negado a rajatabla, igual que los diez sospechosos imputados este martes.

Lo que fue bautizado como “Operación Puñal Verde Amarillo”, por los colores de la bandera brasileña, sería una de las subtramas de la supuesta conspiración golpista por la que responden Bolsonaro y ahora otros treinta acusados.

La lista de enjuiciados por el supuesto plan de magnicidio la encabezan el general Estevam Theophilo, y los coroneles Bernardo Correa, Fabrício Moreira y Márcio Nunes.

También figuran los tenientes coroneles Hélio Ferreira, Rafael Oliveira, Rodrigo Bezerra, Ronald Ferreira y Sérgio Cavaliere, así como el policía Wladimir Matos Soares.

Jair Bolsonaro (REUTERS/Ueslei Marcelino)
Jair Bolsonaro (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El supuesto plan de estado de sitio de Bolsonaro

Las denuncias contra estos acusados han sido aceptadas un día después de que la Primera Sala comenzó a interrogar a los testigos del proceso contra Bolsonaro y siete de sus cercanos colaboradores.

El principal testimonio fue presentado por el general Marco Antonio Freire Gomes, hoy en la reserva y en la época comandante del Ejército, quien confirmó ante los jueces que en diciembre de 2022 fue convocado por Bolsonaro, junto a otros jefes militares, para discutir formas de impedir la toma de posesión de Lula.

Freire Gomes declaró que Bolsonaro planteó la posibilidad de declarar el estado de sitio, pero aclaró que tanto él como el comandante de la Fuerza Aérea le advirtieron que no tendría apoyo del generalato.

Según la Fiscalía, toda esa trama habría desembocado en los sucesos del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de activistas de ultraderecha asaltaron y destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia, con la intención de incitar a los militares a un golpe de Estado.

(Con información de EFE)

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