En apenas seis meses, en la frontera norte entre Chile y Bolivia, en la localidad de Colchane, el Gobierno del país austral ha cerrado dos espacios esenciales para la acogida de migrantes en situación irregular y ha “acotado” la atención de estos extranjeros para concentrarse en aplicar un nuevo protocolo que por primera vez “reconduce” hacia Bolivia a quienes cruzan por pasos inhabilitados.
Roberto ingresó a Chile la madrugada del 19 de marzo por uno de los muchos accesos irregulares del desierto altiplánico, a temperaturas casi bajo cero, sin agua ni comida y tras cuatro horas de camino por el extenso humedal que separa ambos países, engañado por los coyotes.
“No le recomiendo, a nadie pasar por esa trocha, con agua putrefacta, a las dos de la madrugada, mucho menos con niños. La gente salió llorando de ahí, pensando que se iba a morir”, explicó a EFE el venezolano, de 25 años, desde el Centro Migratorio Irregular (CMI), que ahora reemplaza uno de los espacios fronterizos de acogida.
Un mes antes, habían cruzado —también por un paso irregular y procedentes de Venezuela— Indiana García, su marido y su bebé de dos años: “Fue horrible pasar por la zanja, con los bolsos, mi bebé cargado y con la altura y el frío. Me ahogaba”, cuenta.
“Una frontera vulnerable”
Entre 30 o 40 personas, según fuentes de la Policía de Investigaciones (PDI), cruzan cada día desde Bolivia por este punto no habilitado cuando cae el sol, acompañados de ’coyotes‘, con la esperanza de encontrar en Chile un futuro mejor.
La frontera de Colchane, casi 2.000 kilómetros al norte de la capital, es extensa y porosa, “con mucha altura y condiciones climáticas que pueden provocar la muerte de quienes ingresan irregularmente”, señala a EFE la fiscal de la Región de Tarapacá, Trinidad Steinert, que recalca que “igual se puede pasar”, lo que hace que sea una frontera “vulnerable”.
La migración irregular en Chile se ha multiplicado de forma exponencial en los últimos años: de unas 10.000 personas en 2018 a casi 337.999 en 2023, según el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Representan el 17,6% de los 1,9 millones de migrantes que hay en el país.
Las autoridades regionales, por encargo del Gobierno del progresista Gabriel Boric —que endureció su discurso contra la migración—, “han robustecido” la inversión en la frontera hasta los 16 millones de dólares durante este mandato, según la Delegación Presidencial de Tarapacá.
“Cambio de enfoque”
Desde septiembre de 2024, el Gobierno regional ha desmantelado los dos Dispositivos Transitorios (DT) de la zona, infraestructuras clave destinadas a la acogida de migrantes instauradas en 2021 como respuesta a la crisis que causó la aparición de campamentos improvisados en plazas y calles de distintas localidades fronterizas.
Su cierre implica la reducción progresiva de programas y acciones de organizaciones internacionales y locales para proteger a las familias migrantes y se debe, según las autoridades, al “descenso sostenido” en la llegada de personas por este punto y a la aplicación de un acuerdo suscrito entre Chile y Bolivia para “reconducir” hacia el país vecino a los extranjeros que ingresen por un paso irregular.
La delegada presidencial en la región de Tarapacá, Ivonne Donoso, explicó a EFE que ha habido “un cambio de enfoque” para ofrecer una atención “más acotada” y “expedita”, acorde a la realidad migratoria actual, para que “no se genere un asistencialismo permanente”.
Temor al “efecto boomerang”
Esta nueva estrategia inquieta a organizaciones que trabajan con las personas migrantes, por la “incertidumbre” que genera el nuevo escenario y la “regresión” del Estado a su protección.
“Colchane transitó de un centro de primera acogida hasta una ‘sala de espera’ para migrantes irregulares sin capacidad ni condiciones adecuadas”, alertó a finales de febrero el defensor de la Niñez, Anuar Quesille. Según él, las condiciones que en 2021 permitieron dar “una respuesta humanizada” hoy “se han ido diluyendo” hasta el punto de “poner en riesgo su vida”.
Quienes trabajan sobre el terreno cuestionan la eficacia real de la norma y temen un posible “efecto boomerang” porque —dicen— quienes sean reconducidos “intentarán volver a entrar a Chile una y otra vez y eso puede volver a colapsar la frontera”.
Karina Fauste, directora de la Fundación Madre Josefa de la Región Tarapacá, advierte que en experiencias similares anteriores hubo “consecuencias negativas para quienes migran, aumentando los riesgos por rutas más peligrosas y la exposición a trata, tráfico o violencia”.
Como “respuesta” a los cierres, organizaciones como la suya implementaron otras iniciativas de “apoyo a las familias y entrega de soluciones inmediatas”, desde ayuda humanitaria hasta soluciones de habitabilidad, salud o educación. “La acogida —concluye Fauste— es esencial para reorientar sus proyectos de vida de manera segura y respetuosa de sus derechos”.
(Con información de EFE)
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