La Corte Suprema de Brasil aceptó por unanimidad este martes los cargos presentados contra otros seis aliados del ex presidente Jair Bolsonaro, en el marco de la causa que los investiga por intento de golpe de Estado.
El pasado 26 de marzo, el Tribunal Supremo ya se había pronunciado pero, entonces, lo había hecho solo sobre Bolsonaro y otras siete figuras, a las que acusó de querer romper el orden constitucional el 8 de enero de 2023, y definió su pase a juicio.
Sin embargo, la causa alcanza, en su totalidad, a 33 personas, que fueron divididas en cinco grupos, dependiendo de sus roles y posiciones en el presunto complot.
El ex Presidente y sus asesores más cercanos -entre ellos el general Walter Braga Netto- fueron incluidos en el primer grupo y acusados formalmente a finales de marzo.
Ahora, este martes, el panel de jueces del Tribunal avanzó sobre aquellos que estaban un nivel más abajo que, a su entender, ocupaban roles gerenciales en el entramado, y de obtenerse una mayoría, podrían pasar de ser acusados a imputados en la causa.
En esta instancia, se vieron alcanzados precisamente el ex asesor presidencial para Asuntos Exteriores Filipe Martins, el general retirado Mario Fernandez, el ex director de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques, los oficiales de la Policía Federal Fernando Oliveira y Marilia Alencar, y el ex asistente presidencial, coronel Marcelo Camara.
Según informó el procurador general Paulo Gonet en su acusación, todos ellos coordinaron acciones planificadas por el grupo central, entre las que estaban la movilización de efectivos policiales para apoyar el presunto golpe, el monitoreo de las autoridades y la redacción de un documento destinado a justificar el establecimiento de un estado de excepción en Brasil tras los hechos.
Desde un primer momento, los acusados han negado las acusaciones en su contra y especialmente, Bolsonaro, ha denunciado una maniobra política ordenada por su sucesor, Lula da Silva, para dejarlo fuera de las próximas elecciones presidenciales, por temor a su triunfo.
“Quieren impedir que yo llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay ningún candidato capaz de vencerme”, dijo al conocer la decisión de la Corte, antes de advertir que todo el proceso se desarrollará con una “celeridad sin precedentes” para mantenerlo inhabilitado para ocupar cargos públicos entrado el 2026.
“Lo que está en curso es una especie de atentado jurídico a la democracia: un juicio político, conducido de forma parcial y abiertamente injusta”, sumó entonces.
A la par, días más tarde, el 6 de abril, convocó en San Pablo a una masiva protesta para manifestar su repudio al accionar de la Justicia y pedir por amnistía para todos los condenados por el hecho de aquel enero.
“El activismo judicial (trabaja) para inhabilitar a la derecha (...) como inhabilitaron a (Marine) Le Pen en Francia, como quisieron inhabilitar a (Donald) Trump, en Estados Unidos, como hicieron con el presidente de Rumanía, como lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela, inhabilitando a sus opositores”, advirtió durante su intervención ante miles de sus seguidores en la Avenida Paulista.
Según la ley brasileña, una condena por golpe de Estado por sí sola conlleva una sentencia de hasta 12 años, un número posible para quienes integran los niveles dos a cinco en esta causa, aunque en el caso del ex Presidente y sus aliados más cercanos, el riesgo del tiempo tras las rejas asciende hasta las cuatro décadas.
(Con información de AP)
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