La plataforma independiente Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró en marzo 67 denuncias relacionadas con personas encarceladas en Cuba, de las que 60 implicaron algún tipo de violación a sus derechos, además de cuatro muertes que elevan a 18 los fallecimientos en prisiones en el primer trimestre de 2025.
En su nuevo informe de este lunes sobre las condiciones de los centros penitenciarios de la isla, esta ONG -con sede en México- reportó denuncias desde 29 prisiones y centros de detención de 12 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.
Los incidentes con más frecuencia registrados fueron el hostigamiento o represión (39 casos), negación de asistencia médica (15), condiciones precarias de vida en prisión (14), problemas relacionados con la alimentación (14) y uso de celdas de castigo (6).
Entre las prisiones más reportadas con incidencias cita al Combinado del Este, Guanajay y Melena del Sur, pertenecientes a las provincias occidentales de La Habana, Artemisa y Mayabeque, respectivamente.
Asimismo identifica al menos a 41 personas reclusas -36 hombres y 5 mujeres- como víctimas directas de estas violaciones, y trece denuncias que documentaron afectaciones con impacto en la totalidad de la población penal de determinados establecimientos.
El informe recalca que las condiciones de vulnerabilidad más repetidas incluyen el estatus de preso político, el hecho de ser afrodescendiente y la militancia opositora y aclara que en una persona pueden coincidir varias categorías de vulnerabilidad.
El CDPC incluye en su registro de marzo la muerte de cuatro presos en la cárcel de Boniato, en la provincia Santiago de Cuba (este).
Alerta además de una “crisis sanitaria” en las prisiones cubanas y considera que se trata de una realidad estructural que afecta a la totalidad de la población penal, donde se reportan brotes de enfermedades contagiosas como la tuberculosis y otras infecciones respiratorias, favorecidas por el hacinamiento, la escasez de agua potable y la falta sistemática de atención médica.
A ello suma la crítica situación alimentaria, que ha derivado en niveles “alarmantes” de desnutrición. Cita denuncias de mala calidad, escasa variedad y reducidas raciones de alimentos en nueve prisiones.
La ONG también menciona la existencia de prácticas de corrupción en las cárceles como el robo de la comida de los reclusos, la venta ilegal del tiempo destinado a llamadas telefónicas, y el expendio de drogas.
Además denuncia que se documentaron nuevos casos de uso de celdas de castigo y aislamiento, así como golpizas, amenazas y actos de intimidación por parte de los guardias de las prisiones, violaciones al derecho de visita y a los beneficios penitenciarios.
(Con información de EFE)
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