El ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) criticó este sábado la “imparcialidad” del juez Nelson Rocabado Romero, quien recientemente lo declaró en rebeldía tras su ausencia a una audiencia judicial por segunda ocasión.
Morales afirmó que el juez está vinculado a autoridades judiciales que, según él, prorrogaron ilegalmente su mandato y mantienen estrechas relaciones con el gobierno del actual presidente, Luis Arce.
En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), Morales sostuvo que el juez Rocabado fue nombrado el 18 de abril de 2024 por el ex presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, a quien calificó de “protegido” del Gobierno.
El exmandatario también vinculó al juez con la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz Sosa, a quien acusó de haber participado en la posesión de Rocabado y de ser parte del grupo de autoridades “autoprorrogadas”.
A finales de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió extender el mandato de varios magistrados del TSJ y del Consejo de la Magistratura hasta la conclusión de elecciones judiciales que fueron parcialmente realizadas en diciembre pasado.
Este proceso electoral fue declarado desierto en algunas regiones del país, generando tensiones entre las nuevas autoridades elegidas y los magistrados que permanecen en funciones bajo mandato extendido.
En su publicación, Morales recordó que la magistrada Díaz Sosa fue propuesta para asumir la presidencia de Bolivia tras su renuncia en 2019, en el contexto de la crisis política que él considera un “golpe de Estado” en su contra.
En ese entonces, la propuesta fue realizada por Luis Fernando Camacho, ex líder cívico y actual gobernador de Santa Cruz, quien actualmente se encuentra suspendido y detenido por otros procesos judiciales.
El viernes, el juez Nelson Rocabado declaró la “rebeldía” de Morales por no asistir a la audiencia relacionada con una acusación de trata agravada de personas.
En consecuencia, ordenó medidas como la emisión de un mandamiento de aprehensión, el arraigo nacional, la congelación de cuentas bancarias y la anotación preventiva de bienes.
La acusación contra Morales se centra en su supuesta relación con una menor de edad con la que habría tenido un hijo en 2016, cuando aún ejercía la Presidencia. Este caso ha generado una fuerte polémica en el ámbito político y judicial del país.
Morales rechazó la decisión judicial, señalando que “los jueces no son independientes” y que “obedecen a quienes los nombran”. Su defensa argumentó que el proceso es “ilegal” y afirmó que el exmandatario no fue notificado formalmente.
Además, indicaron que Morales padece de bronconeumonía y otras afecciones médicas, lo que habría justificado su ausencia a la audiencia.
El proceso judicial contra Morales ha agravado las diferencias entre él y el presidente Luis Arce, quienes han estado distanciados desde finales de 2021. Ambos pertenecen al Movimiento al Socialismo (MAS), pero mantienen posturas divergentes sobre el rumbo del Gobierno y el control interno del partido.
(Con información de EFE)
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