Ante la descarada exhibición en redes sociales de fajos de billetes por parte de los llamados “narcoabogados” chilenos que publicitan de esa manera sus servicios, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que pretende evitar que dichos letrados reciban pagos en dinero contante y sonante.
La iniciativa fue visada con 128 a favor y cero en contra. El único que se abstuvo fue el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga.
Esta nueva obligación pesará también para quienes ejerzan como defensores de personas que sean imputadas por delitos de funcionarios contemplados en el Código Penal, por delitos cometidos a través de asociaciones delictivas y por crímenes contenidos en la Ley Antiterrorista.
El proyecto agrega también estos puntos a la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica varias disposiciones sobre blanqueo y lavado de activos.
Así las cosas, una vez finalizados sus servicios dichos abogados deberán acreditar que sus emolumentos hayan sido recibidos mediante sistemas de pago como cheques, vale vista, tarjeta de pago o transferencia electrónica, entre otros.
Piden darle urgancia
La propuesta, presentada por la bancada de diputados independientes-PPD integrada por Jaime Araya, Carlos Bianchi, Carolina Marzán, Helia Molina, Camila Musante, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa, establece que, “una vez concluida, renunciada o abandonada la defensa, el abogado deberá acreditar en el tribunal ante el cual asumió la defensa, el pago percibido por los servicios prestados, hayan sido percibidos como persona natural, sociedad o empresa”, según consignó Cooperativa.
“Quienes incumplan esta obligación serán sancionados con la suspensión del ejercicio de la profesión por un término de seis meses a un año”, reza el documento.
El diputado Jaime Araya, impulsor del proyecto, valoró su aprobación unánime y aseguró que “es muy importante que regulemos la forma en que los abogados que defienden a narcotraficantes, a miembros del crimen organizado, a funcionarios públicos corruptos y a políticos corruptos, tengan que demostrar el origen lícito de esos honorarios”.
“No es justo que se paguen millonarios honorarios con plata proveniente de la venta de la droga, de homicidios, de sicariato, de robos que se le hacen al fisco, a las municipalidades, a las gobernaciones regionales, al Estado de Chile”, sostuvo el parlamentario.
Araya instó al Gobierno a convencerse “de la importancia de esta regulación y le ponga urgencia”, pues supone “un avance para la defensa de la democracia, que hoy día está amenazada por el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo”.
Cabe señalar que esta nueva norma no regirá para los abogados de la Defensoría Penal Pública.
Ahora, el proyecto volverá nuevamente a la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde será objeto de indicaciones y luego discutido en particular.
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