El Gobierno de Bolivia enfrenta una nueva denuncia de corrupción que involucra al ahora ex ministro de Medioambiente y Agua, Alan Lisperguer, quien habría recibido depósitos bancarios de funcionarios e instituciones públicas no justificados y tuvo un aumento desproporcional de su patrimonio. En ese sentido, el Viceministerio de Transparencia Institucional sentó una denuncia el 3 de enero por enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada.
“Esta investigación ha surgido a raíz de una denuncia presentada ante el Viceministerio, detallando cobros irregulares y movimientos inusuales en el patrimonio de estas dos personas”, explicó la viceministra Susana Ríos en una conferencia de prensa, en referencia al ex ministro y su asesor jurídico.
Según las investigaciones preliminares, Lisperguer cuenta con nueve inmuebles registrados a su nombre, la mayoría en el departamento de Cochabamba, al centro del país. Sin embargo, en su declaración jurada del 5 de marzo de 2024 -día en el que fue posesionado en el cargo- solo declaró tener dos inmuebles, según constató Infobae en registros públicos de la Contraloría General del Estado.
Adicionalmente, entre 2021 y 2024, el ex ministro se benefició con 43 depósitos “inusuales” que suman más de un millón de bolivianos (cerca de 160 mil dólares), un monto que casi triplicaría sus sueldos mensuales acumulados.
Son al menos 13 instituciones públicas que hicieron los depósitos, los montos más significativos provienen de la Gobernación de Cochabamba y la Alcaldía de Warnes, pero también hay transferencias del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Cancillería y el mismo Ministerio de Medioambiente y Agua, entre otros.
El fiscal anticorrupción asignado al caso, Miguel Cardozo, manifestó que se está identificando a las personas que hicieron las transferencias para citarlas en calidad de testigos e indagar de dónde provenía el dinero y para qué estaba destinado.
El ex ministro fue consultado por el canal televisivo Red Uno sobre esta denuncia y negó las acusaciones, a la vez que manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones. “Como funcionarios públicos, estamos sujetos a que investiguen nuestros bienes y movimientos bancarios. No hay razón para alarmarse, debemos estar preparados para ello”, señalo.
Lisperguer, que anteriormente ocupó un cargo de dirección en el mismo ministerio, indicó que durante su gestión como ministro no realizó movimientos económicos irregulares y que los depósitos señalados solo corresponden a su sueldo como funcionario público. “Todo tiene su explicación y presentaré los descargos en el momento oportuno”, manifestó.
Junto al ex ministro también se investiga a su asesor jurídico Gabriel D.A., en cuyas cuentas se identificaron movimientos irregulares con “consumos y compras desproporcionadas a su perfil patrimonial”, publica el periódico estatal Ahora El Pueblo.
Sexto ministro acusado de corrupción
Tras conocerse la denuncia, el presidente Luis Arce destituyó el viernes al ministro Lisperguer, el sexto de su gestión acusado por corrupción y el segundo del Ministerio de Medioambiente.
El primero en caer fue Wilson Cáceres, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Apenas un mes después de la posesión del nuevo Gobierno, el ex ministro fue destituido por haber contratado a su pareja como jefa de gabinete.
En abril de 2021, el ministro que sustituyó a Cáceres, Edwin Characayo, fue detenido en flagrancia cuando recibía 20 mil dólares como adelanto de una coima. Fue enviado a prisión y luego sentenciado a ocho años de cárcel.
Meses después, en noviembre de 2021, el ministro de Educación, Adrián Quelca renunció al cargo en medio de acusaciones de haber manipulado la elección de cargos directivos del sistema educativo, según reveló una investigación periodística del extinto Página Siete.
Juan Santos Cruz, también de la cartera de Medioambiente, acusado de recibir 19 millones de bolivianos en sobornos de varias empresas. Fue destituido en mayo de 2023 y enviado a la cárcel de San Pedro en La Paz.
En marzo de 2024, Édgar Pary renunció al cargo de ministro de Educación en medio de acusaciones de haber favorecido a su empresa familiar y ofrecer contrataciones del Estado.
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