El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, negó este lunes que el Ejército haya tenido participación en desapariciones forzadas, tras la prisión preventiva ordenada contra 16 militares acusados de la muerte de cuatro menores en el barrio Las Malvinas de Guayaquil.
Loffredo calificó las acusaciones como un intento de “persecución política” contra las Fuerzas Armadas, arremetiendo contra la jueza que calificó el caso como desaparición forzada y que vinculó a los efectivos militares en el proceso.
En un discurso transmitido en Cadena Nacional, el ministro aseguró que el Gobierno y las Fuerzas Armadas “actúan con respeto absoluto a los Derechos Humanos” y rechazó que los hechos ocurridos el pasado 8 de diciembre, cuando los menores fueron detenidos por militares y posteriormente encontrados calcinados cerca de una base aérea en Taura, sean catalogados como desapariciones forzadas.
“No ha existido participación directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada”, afirmó.
Loffredo cuestionó la actuación judicial, señalando que la jueza que acogió un recurso de habeas corpus para calificar el caso como desaparición forzada no tenía “facultades” para emitir esa decisión.
Según el ministro, esta resolución, tomada el pasado 24 de diciembre, “instrumentaliza políticamente” el caso para atacar a las Fuerzas Armadas en un momento en que el Gobierno utiliza al Ejército como una pieza clave en la lucha contra el crimen organizado.
El titular de Defensa acusó a la jueza de emprender una “persecución política” y adelantó que buscará sanciones contra su actuación, afirmando que “hechos así buscan arrodillar a las Fuerzas Armadas”. También criticó la participación de figuras políticas, como la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, en el proceso judicial, calificando su presencia como parte de una narrativa con fines políticos.
Aunque rechazó el carácter de las acusaciones, Loffredo cumplió con la orden judicial del pasado 31 de diciembre que exigía una disculpa pública a las familias de los menores asesinados.
“Estoy aquí para decirles a las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven: siento mucho lo acontecido. Hechos así no deben repetirse, lo lamento, mis más sentidas disculpas”, expresó el ministro.
En su intervención, Loffredo reiteró que las Fuerzas Armadas actuarán con transparencia y colaborarán con las investigaciones judiciales, pero subrayó que el proceso contra los 16 militares detenidos deberá respetar tanto la justicia ordinaria como la militar.
Además, rechazó las críticas de organizaciones de derechos humanos y aseguró que estas “pueden convertirse en instrumentos de persecución política” en el actual contexto.
El caso de Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda, de entre 11 y 15 años, ha generado indignación nacional e internacional. Los menores fueron detenidos por militares tras una práctica de fútbol en Las Malvinas el 8 de diciembre, y sus cuerpos calcinados fueron encontrados semanas después en una zona aislada cerca de la base aérea de Taura, aproximadamente a 30 kilómetros de Guayaquil.
El caso ocurre en un contexto de creciente militarización en Ecuador, decretada por el presidente Daniel Noboa, quien en enero de 2024 declaró un estado de conflicto armado interno para combatir al crimen organizado. Desde entonces, las Fuerzas Armadas han sido vinculadas con al menos diez desapariciones, según denuncias de organizaciones civiles.
Loffredo defendió esta estrategia, afirmando que los grupos criminales en el país han sido declarados como “terroristas” y justificando la presencia militar como parte del combate contra el crimen organizado. Sin embargo, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han cuestionado esta política, argumentando que podría facilitar abusos por parte de las fuerzas del Estado.
El ministro prometió que el Gobierno “no permitirá que este caso quede en la impunidad” y que los soldados involucrados podrán defenderse en los tribunales. Sin embargo, insistió en que las decisiones judiciales que califican este caso como desaparición forzada buscan debilitar a las Fuerzas Armadas en su rol contra el crimen.
(Con información de Europa Press, AFP y EFE)
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