Ecuador: comunidades amazónicas tomaron una gobernación contra la creación de una cárcel en Archidona

El décimo día de paro en la provincia de Napo, Ecuador, escaló con la toma de la Gobernación en la ciudad de Tena por parte de comunidades y nacionalidades amazónicas. Este acto de protesta, liderado por la Asamblea Popular Permanente de Napo, responde a la negativa del Gobierno de Daniel Noboa de suspender la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Archidona.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) informó en sus redes sociales que la toma de la Gobernación se realizó como medida de presión, luego de que el Gobierno ignorara los llamados al diálogo sobre la prisión de alta seguridad planificada en Archidona. Cuando inició la medida de hecho, hace diez días, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) respaldó estas acciones señalando que las provincias amazónicas tienen otras demandas por lo que exigen “priorizar las verdaderas necesidades de los pueblos y nacionalidades, como salud, educación, vialidad, producción y desarrollo comunitario”.

La Gobernación permanece bajo el control de los manifestantes, quienes, cumpliendo con las resoluciones de la Asamblea Popular Permanente, han intensificado las movilizaciones en un intento por atraer atención a sus demandas. Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a la toma de la institución. La noche del 12 de diciembre, también se conoció que la directora de la cárcel de Napo, provincia donde se ubica también Archidona, renunció a su cargo.

El conflicto se centra en la construcción de una cárcel de máxima seguridad que, según las comunidades, fue aprobada sin la consulta previa, libre e informada requerida por la Constitución ecuatoriana y acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Representantes indígenas señalan que el proyecto vulnera los derechos territoriales y culturales de los pueblos amazónicos. El congreso ecuatoriano también se ha involucrado en la controversia. El 11 de diciembre, pidió al Gobierno suspender la construcción de la cárcel, argumentando que la medida necesita un mayor análisis técnico, social y ambiental. Esta resolución del Legislativo busca prevenir una escalada de tensiones, aunque no tiene carácter vinculante.

Las protestas han paralizado parcialmente las actividades en Tena y otras localidades de Napo. Según reportes de Expreso, los manifestantes han bloqueado vías principales y establecido campamentos frente a la Gobernación. Las actividades comerciales y administrativas en el edificio gubernamental permanecen suspendidas, mientras los manifestantes aseguran que continuarán con la ocupación hasta que se escuchen sus demandas.

Mientras tanto, el 12 de diciembre se conoció que el contrato de construcción de la cárcel de Archidona ha sido adjudicada, por USD 51,9 millones, a la empresa china CAMCE, según reportó Primicias. El plan de seguridad del Gobierno, del cual forma parte la construcción de cárceles como la de Santa Elena y la propuesta en Archidona, tiene como objetivo central abordar las causas de la crisis penitenciaria en Ecuador.

Entre sus pilares se encuentra la reducción del hacinamiento, que supera el 30% en las cárceles actuales, y la implementación de nuevas medidas de rehabilitación social. Las autoridades también han enfatizado la necesidad de fortalecer la seguridad interna de las cárceles, afectadas por la influencia de organizaciones criminales.

El Ejecutivo ha enfatizado que el plan de seguridad del presidente Noboa se enfoca en la lucha contra el crimen organizado, donde uno de los ejes es la estabilización del sistema penitenciario. La administración de Noboa ha subrayado que la infraestructura penitenciaria es solo una parte de una estrategia de seguridad que también incluye incluso reformas constitucionales, como que se permita la presencia de bases militares extranjeras para la lucha contra el narcotráfico.

La noche del 11 de diciembre, Justina Zambrano, subsecretaria de Gobernabilidad, destacó la importancia del diálogo con las comunidades afectadas y las autoridades locales: “Para el Presidente de la República es una prioridad la seguridad del país, y se ha decidido mantener el proyecto en el lugar en el que se encuentra, con la inversión sostenida. Invitamos a no cerrar el diálogo y a que las medidas de resistencia puedan ser controladas”, aseguró. Zambrano explicó que el Gobierno seguirá comprometido con otros proyectos para la Amazonía, enfatizando la gestión pública a favor de la región.